Las diez claves de la acusación del fiscal

Con el procesamiento de los expresidentes federales del PSOE por el caso que acabó con sus carreras políticas, se va a sentar en el banquillo un sistema político que creó y mantuvo durante más de una década (2000/2011) un sistema «ilícito» de ayudas para empresas y prejubilados , dotado de 855 millones de euros, para «mantener la paz social» y asegurar así su principal objetivo: perpetuarse en el poder .

A José Antonio Griñán, quien además de presidente fue consejero de Hacienda y vicepresidente económico, se le imputa un delito de malversación de caudales públicos , penado con seis años de cárcel, en opinión del fiscal. A Manuel Chaves tan solo se le imputa el delito de prevaricación , penado con inhabilitación. El Ministerio Fiscal estima, por tanto, que Griñán tuvo un papel más director en la gestión de los fondos presuntamente defraudados.

Un factor clave es las reiteradas advertencias del fraude realizadas por el Interventor de la Junta. Griñán, como consejero de Hacienda, fue el destinatario directo de los «sucesivos informes» del interventor que alertaban de forma insistente desde 2005 de la irregularidad del sistema utilizado por la Consejería de Empleo para abonar las ayudas , canalizándolas a través de una agencia pública (IFA/IDEA), lo que permitía escapar a los rigurosos controles de la Intervención. Ya en 2009, Griñán como presidente de la Junta; Martínez Aguayo , como consejera de Economía y Hacienda; Antonio Fernández, como consejero de Empleo, y Francisco Vallejo como consejero de Innovación, «pese a tener conocimiento de la improcedencia de la concesión de fondos públicos descrita», «no iniciaron procedimiento alguno que permitiese el retorno debido de los mismos a la Junta de Andalucía».

En su contundente escrito de 40 páginas, los fiscales delegados de Anticorrupción, Manuel Fernández Guerra y Juan Enrique Egocheaga , cifran la responsabilidad civil de 18 procesados por malversación de fondos públicos en 741,6 millones de euros.

Los autores de la malversación deberán responder solidariamente de la devolución de la Hacienda pública del total de los créditos destinados a la concesión de las ayudas sociolaborales por parte de la Consejería de Empleo entre los años 2000 y 2010, que ascienden a 741.616.545 euros, según la Fiscalía. De estos créditos, la Fiscalía considera que Griñán, que fue presidente andaluz entre el 2009 y el 2013, debe responder por los concedidos entre el 2005 y el 2010, que suman casi 484 millones de euros. Por lo tanto, el ex presidente en concreto tendría que restituir a las arcas públicas un total de 42,15 millones de euros.

Los fiscales parten de que la finalidad de las ayudas era dar respuesta a la situación de crisis económica de empresas con sede en Andalucía y que la labor de fiscalización de la Intervención de la Junta ya puso de manifiesto desde el año 2000 una serie de irregularidades en la gestión de las ayudas que concedía la Consejería de Empleo .

Conscientes de que esta labor de fiscalización «entorpecía y casi impedía» este sistema de ayudas, los procesados modificaron los presupuestos de la Junta introduciendo como mecanismo las «transferencias de financiación» al Instituto de Fomento de Andalucía (entre público adscrito a la Consejería de Empleo hasta mayo de 2004; luego se llamaría Agencia Idea). Fue así como «se pusieron en manos de la Consejería de Empleo unos fondos públicos que gestionó a su libre arbitrio sin procedimiento alguno». Ni Chaves, como presidente de la Junta, ni Griñán, como consejero de Hacienda y luego presidente, tomaron «decisión alguna que pusiera freno» a las irregularidades.

La Fiscalía sostiene que la gestión de los fondos por los encausados pertenecientes a Empleo «era conocida por el resto de los encausados» gracias a los informes de la Intervención desde el año 2002 y a las auditorías realizadas por otros organismos.

Tras conocerse la petición de la Fiscalía, las otras acusaciones - Junta de Andalucía, PP y Manos Limpias - tienen hasta el 15 de octubre para presentar sus escritos de acusación en esta pieza de los ERE, un plazo que el juez fijó el pasado 12 de septiembre, tres días antes de concluir del primer plazo que dio, que no se pudo cumplir por problemas en las notificaciones. Cuando concluyan las presentación de las acusaciones y de la defensa, la sala de la Audiencia de Sevilla que enjuiciará esta pieza de los ERE se decidirá por un sorteo entre las secciones penales del órgano judicial sevillano.