El Consejo de Ministros en Sevilla esquiva los problemas de Andalucía por las elecciones autonómicas

En lo que respecta al primero de los asuntos, la portavoz del Ejecutivo ha señalado que el Consejo de Ministros tiene aún en fase de estudio la declaración como zona afectada por una emergencia para los municipios afectados por el temporal en Andalucía, Cataluña, Levante y Aragón. Celaá tampoco ha querido especificar la fecha en que verá la luz la resolución para atender «las necesidades inmediatas y agilizar trámites» para solicitar las subvenciones y reparar los estragos causados por el temporal el pasado fin de semana, que fue especialmente virulento en la provincia de Málaga.

Celaá ha señalado que «venimos haciendo los informes de emergencia en Andalucía y en otras zonas de España» y que en seis o siete días « se puede ofrecer la consideración o no de la zona de emergencia ». Lo que se ha aprobado es la concesión de la Medalla del Mérito de Protección Civil en su categoría de oro y distinción roja al bombero de Antequera José Gil Gutiérrez, fallecido en acto de servicio cuando intentaba socorrer a personas afectadas por las lluvias en la carretera de Campillos, en Málaga. El funcionario del Consorcio de Bomberos de la Diputación Provincial perdió la vida tras volcar el camión en el que viajaba.

La portavoz del Ejecutivo de Pedro Sánchez no ha realizado ninguna valoración sobre el aplazado debate de la financiación autonómica, argumentando que Andalucía está en periodo de precampaña de cara a las elecciones convocadas para el próximo 2 de diciembre .

La financiación es una cuestión candente, que la Junta de Andalucía situó entre sus prioridades ineludibles cuando gobernaba Mariano Rajoy. El pasado 22 de marzo, el Parlamento andaluz aprobó un dictamen por el que urgía a abordar este debate a nivel estatal desde la convicción de que Andalucía lleva años estando infrafinanciada . Este acuerdo salió adelante con los votos del PSOE, PP, Podemos e IU. Sólo Ciudadanos se descolgó del dictamen. Con la llegada de Sánchez a La Moncloa, el inicio del proceso de negociación entre las comunidades autónomas quedó aplazado hasta 2019.

Durante la etapa de Rajoy, tanto los partidos como sindicatos, patronal, organizaciones sectoriales de todo tipo reclamaron al Estado, al menos, 4.000 millones de euros más para poder gestionar un autogobierno de forma eficiente.

Por último, en lo que atañe a Andalucía el Consejo de Ministros abordó dos asuntos. Por un lado, ha acordado agilizar la prohibición de las narcolanchas para combatir las mafias de la droga y de la inmigración. Con este fin, el proyecto de ley que estaba tramitando ha sido sustituido por un decreto ley «debido al estado de urgencia» que existe para acabar con este tipo de embarcaciones, que se están utilizando no sólo para el traslado ilícito de personas inmigrantes sino también por los narcotraficantes. El decreto declara «género prohibido» las narcolanchas, un medio de transporte más rápido que está causando estragos en el Campo de Gibraltar.

El Consejo de Ministros ha dado luz verde también fal Real Decreto por el que se repartirán 40 millones de euros a las comunidades autónomas y Ceuta y Melilla para mejorar la atención de los más de 11.000 menores extranjeros no acompañados (MENAS) que hay en España. Además, se reservarán dos millones de euros para «incrementos estacionales» o cuestiones «excepcionales». Para optar a estos fondos debe haber una solicitud expresa de las comunidades autonómas a hacerse cargo de los menores.

De lo contrario, los mayores presupuestos serán para Andalucía y las ciudades autonómas de Ceuta y Melilla, puesto que ninguna otra región ha pedido por ahora atender a estos menores.

En lo que respecta a la agricultura, el Consejo de Ministros ha aprobado otro real decreto que sustituye la norma de julio de 2017 que regula el potencial de producción vitícola y que persigue mejorar la aplicación en España del sistema de autorizaciones de viñedo que entró en vigor el 1 de enero de 2016.

En un comunicado, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha señalado que este Real Decreto es consecuencia de los cambios introducidos en el sistema de autorizaciones por la modificación de la normativa comunitaria que entró en vigor en enero de 2018.