La Comisión Europea investigará las condiciones en asentamientos de temporeros en Almería y Huelva

La denuncia, tramitada en forma de petición, será además remitida a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior para información, según ha informado IU por medio de una nota de prensa.

La petición, que se registró en noviembre de 2020, subraya la constante vulneración en los asentamientos de temporeros de las directivas europeas que regulan las condiciones de entrada y estancia de nacionales de terceros países para fines de empleo como trabajadores temporeros y que define los derechos de estos, así como la conculcación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en especial en lo que respecta a la dignidad humana, la no discriminación o los derechos del menor.

La petición, registrada por el coordinador provincial de IU en Huelva, Rafael Sánchez Rufo , en representación de la Asociación Multicultural de Mazagón (Huelva) y Almería Acoge, denuncia la situación en la que se encuentran los trabajadores que viven en los asentamientos de chabolas.

Según dice la misma, «los trabajadores inmigrantes viven en asentamientos rurales, mal comunicados y sin los mínimos servicios básicos ni equipamientos sociales», además de carecer de asesoramiento jurídico, lo que da lugar a «constantes situaciones de abuso».

En la petición, IU Andalucía y las organizaciones firmantes solicitan a la Unión Europea « una respuesta inmediata y firme ante la situación en la que se encuentran los asentamientos en las provincias de Almería y Huelva». Además, apuntan a la pasividad de las administraciones competentes.

En última instancia, las entidades impulsoras de esta iniciativa han apuntado que « la crisis generada por la Covid-19 no ha hecho más que agravar una situación que se vive desde hace años en los asentamientos chabolistas de Huelva y Almería, ante la inacción de las distintas administraciones que no pasan en términos generales de meras declaraciones de intenciones y de buena voluntad sin dar una solución definitiva al problema a pesar de las continuas denuncias de muchos colectivos sociales».

Según se recoge en la petición, « no ha existido hasta la fecha un programa mínimo de prevención durante el período de confinamiento en los asentamientos por parte de las administraciones, lo que denota por su parte una dejadez que roza el racismo, a pesar de las recomendaciones de la Vicepresidencia del Gobierno de España a las administraciones locales mediante un documento enviado para tal fin».