Las cinco macrocausas de corrupción que la jueza Núñez Bolaños ya no investigará

Vilaplana tiene que rematar la investigación de unas cien piezas sobre ayudas sociolaborales concedidas supuestamente de forma irregular a empresas. La juez Alaya cifró en 855 millones este desvío de fondos del caso ERE. La decisión de la jueza Núñez Bolaños de trocear el caso ERE en tantas piezas como empresas beneficiadas hay por las ayudas ha provocado que algunos imputados, como el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Daniel Alberto Rivera, que denuncia que afrontará penas que suman «más de 250 años» al estar investigado en más de 50 piezas separadas.

En esta causa se investigan las subvenciones concedidas por distintos gobiernos socialistas, centrándose las pesquisas en el c ontrol y gestión de casi 3.000 millones de euros empleados entre 2002 y 2012 para la formación de parados en Andalucía. La investigación abierta contra 24 antiguos cargos de la Junta fue archivada por María Núñez Bolaños y reabierta hace un año por la Audiencia Provincial de Sevilla. La sala ordenó practicar las diligencias que rechazaba la jueza tras estimar parcialmente un recurso presentado por la acusación popular que ejerce el PP andaluz en esta pieza. El pasado 31 de julio, el magistrado Vilaplana impulsó la causa al ordenar practicar numerosas diligencias, tal y como ordenó la Audiencia, entre ellas el encargo de un informe de inteligencia policial a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil una vez que analice todos los miles de expedientes.

Otro de los casos de corrupción que seguirá investigando Vilapana es el dinero empleado por la agencia IDEA, cuya cuantía triplica el fraude de los ERE. Entre 2000 y 2011, la agencia IDEA recibió 2.156 millones a través de transferencias de financiación de explotación y de capital, a los que hay que sumar 758 millones más en concepto de transferencias finalistas. La justicia reclamó a IDEA todos los expedientes de gastos/pagos tramitados, las resoluciones de los órganos rectores e incluso los acuerdos alcanzados por el Consejo de Gobierno.

En esta pieza s e investiga la «indebida concesión» de avales por parte de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) a empresas que a su vez habían sido beneficiarias de ayudas con cargo al conocido como «fondo de reptiles» de los ERE. El pasado mes de junio, la Audiencia de Sevilla obligó a reabrir la causa, archivada en mayo de 2019 por Núñez Bolaños, quien consideraba que se habían «desvanecido» los indicios que apuntaban a que de forma arbitraria e irregular se favorecía a determinadas empresas. Vilaplana ordenó en junio pasado que la Guardia Civil se personaran en la sede de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) para retirar abundante documentación relacionada con la macrocausa de los Avales.

En 2018, la jueza de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, acordó incoar nuevas diligencias previas para investigar el uso de las tarjetas bancarias con fondos de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) por parte del ex director general de ésta Fernando Villén en diferentes prostíbulos de Sevilla, Cádiz y Córdoba. En junio pasado, el juez Vilaplana dictó un auto transformando en procedimiento para el juicio ante el Tribunal del Jurado la causa abierta por el presunto uso de tarjetas de la Faffe en locales de alterne de Andalucía, causa en la que está siendo investigado el que fuera director técnico de la Faffe Fernando José Villén Rueda y la directora económica financiera de la citada fundación en el periodo comprendido entre los años 2004 y 2011 Ana Valls.