La juez Núñez Bolaños regresa tras once meses de baja y después de archivar la denuncia el Poder Judicial

El Promotor Disciplinario del CGPJ, Ricardo Conde, descartó el pasado 24 de junio una «pasividad intencional» o un «descuido» en la instrucción de los casos ERE, Avales e IDEA . María Núñez Bolaños lleva alejada del juzgado desde el 3 de septiembre pasado, tras renovar sucesivamente su baja por motivos de salud. A diferencia de lo que sucedió con la anterior titular de este órgano judicial, Mercedes Alaya , cuya enfermedad denominada «neuralgia del trigémino» hizo correr ríos de tinta en los medios de comunicación, nada ha trascendido sobre la baja de su sucesora, un asunto que se ha circunscrito a su esfera personal.

Núñez Bolaños ha permanecido alejada del despacho y de las macrocausas todo el tiempo que se han prolongado las diligencias informativas llevadas a cabo por Conde, que dieron pie a una inspección de una delegación de jueces del Poder Judicial el pasado octubre que fue recibida por la magistrada.

Durante los once meses de baja, el juez de refuerzo del juzgado, José Ignacio Vilaplana, se ha hecho cargo de la instrucción de los casos ERE, Formación, pagos en prostíbulos con tarjetas de la fundación pública Faffe, Avales e IDEA . El magistrado ha imprimido velocidad de crucero a sumarios y diligencias que llevaban meses o años pendientes y su actuación ha sido bien valorada en los ámbitos judiciales. De hecho, no se descarta que se haga un reparto del trabajo por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para que Vilaplana siga instruyendo las macrocausas , lo que permitiría evitar las enconadas relaciones entre la juez y la Fiscalía.

El detonante de la denuncia fue un informe pormenorizado con supuestas irregularidades cometidas por Núñez en las causas que heredó de Mercedes Alaya y que firmaba la plantilla al completo de los fiscales Anticorrupción en Sevilla . A raíz de este «ilustrativo» informe, el fiscal jefe, Alejandro Luzón, elevó una denuncia contra ella ante el máximo órgano de gobierno de los jueces en la que advertía de que en el caso ERE estaba llevando a cabo un « vaciamiento progresivo tras acordar la exclusión de los cargos de la Junta de Andalucía ». Además, desaprobaba la «desatención» de resoluciones de la Audiencia de Sevilla, la «inactividad» investigadora, y «trabas» a pesquisas para avanzar en dichos procedimientos.