Caso ERE: la juez Núñez investiga ahora ayudas para prejubilaciones de los gobiernos de Aznar y Zapatero

En una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada atiende la petición realizada por el exdirectivo de Vitalia Antonio Albarracín y reclama a la Dirección General de Trabajo del Ministerio que aporte una relación de dichas ayudas concedidas entre 2001 y 2011, que es el periodo de tiempo investigado en los ERE.

La juez, en esta providencia fechada el 20 de julio, requiere además al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para que indique en cuáles de estas ayudas extraordinarias para prejubilaciones «se realizó concurso público» , con aportación de la documentación que acredite la celebración de esos concursos públicos «caso de haberse llevado a cabo».

De igual modo, la instructora reclama al Gobierno central que informe si las ayudas extraordinarias «eran finalmente ingresadas por algún organismo estatal o por la Subdelegación del Gobierno a las compañías de seguros que les indicaban las empresas tomadoras del seguro o la representación sindical , solicitantes ambas de las ayudas, sin realizar ningún tipo de comprobación respecto a si era o no adecuado el coste de la póliza de seguro».

La juez ha realizado esta petición en el marco de la pieza separada por las ayudas sociolaborales por valor de más de 40 millones concedidas durante la crisis de la minería de la Faja Pirítica de Huelva , donde están siendo investigadas 25 personas, entre ellas dos ex altos cargos que formaban parte del Gobierno de José María Aznar en 2003 y los ex secretarios generales de UGT-A, Manuel Pastrana, y de CCOO-A, Francisco Carbonero.

En un escrito, consultado por Europa Press, la defensa de Antonio Albarracín realizó esta petición alegando que «la necesidad de práctica de la prueba deriva del hecho de que hasta el momento, cuando se han cumplido más de cinco años de instrucción , se ha dado por bueno entre otros por los peritos de la Dirección General de Seguros que en todas las ayudas de la Administración para prejubilaciones se utilizaba la convocatoria de concursos públicos».

Y eso, según el letrado, «como se pone de manifiesto en el procedimiento, no ha sido así, al menos respecto de las 15 ayudas extraordinarias concedidas para la minería de Huelva , en donde no consta concurso público alguno».

«Estamos en condiciones de afirmar que tampoco se habría realizado concurso público en el resto de ayudas extraordinarias para prejubilaciones concedidas por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, circunstancia esta nada anormal, al haberse aplicado la Orden Ministerial de 5 de abril de 1995», argumenta el abogado de Albarracín.

A su juicio, «procedería comprobar si el proceder del Gobierno central, a través de su Dirección General de Trabajo, fue similar a la que ese organismo realizó en el caso de la minería de Huelva , con el resto de pólizas de prejubilación financiadas por el Ministerio hasta el año 2011».

Y es que, según concluye, «tiene indudable interés conocer si el Estado actuó de forma diferente a como actuó la Junta de Andalucía , o se limitó a aportar la financiación a las pólizas y con las aseguradoras que le indicaban las empresas tomadoras y la representación sindical, y todo ello sin realizar ningún tipo de concurso ni comprobación respecto de si estaba o no el precio de acuerdo al mercado asegurador existente».

El investigado explica que ya consta en el procedimiento información de la Delegación del Gobierno en Andalucía y de la Subdelegación del Gobierno en Huelva respecto de los trabajadores afectados por las pólizas de la Faja Pirítica de Huelva que fueron cofinanciadas por el Gobierno central y por la Junta de Andalucía.

Al hilo, asevera que, analizada esta documentación, se constata que «todas las resoluciones de las ayudas extraordinarias» fueron concedidas de acuerdo a la Orden Ministerial de 5 de abril de 1995, estando José Antonio Griñán al frente de Ministerio de Trabajo , y que se concedieron a través de su Dirección General de Trabajo 15 ayudas extraordinarias para este colectivo, con resoluciones dictadas desde el 1 de diciembre de 2003 hasta el 29 de septiembre de 2005.

Asimismo, también se constata a juicio del encausado que el control de las obligaciones que asumían los prejubilados respecto de las ayudas extraordinarias «era llevado a cabo por la Dirección General de Trabajo del Ministerio (Administración central/Estado)».

Según concluye, del estudio de la documentación analizada «se colige que esas pólizas fueron contratadas en unidad de acto, en donde en la misma póliza aparecían los pagos del Gobierno central y del autonómico, es decir, se presume que el Gobierno central tampoco elaboró para esas pólizas ningún pliego de prescripciones técnicas que pudiera ser utilizado en procedimientos de concurrencia competitiva, en los que se invita a participar directamente a las aseguradoras sin la intervención de un mediador de seguros».