La tardanza de la investigación de los ERE provoca el archivo de otra pieza por prescribir los delitos

La juez argumenta el pago se realizó el día 17 de septiembre de 2003, «hace más de diez años» . Como consecuencia declara prescritos los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos que se investigaban y decreta el archivo de la pieza abierta contra el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, entre otros altos cargos.

El delito ha prescrito porque la investigación de la ayuda otorgada a la citada empresa de instalaciones eléctricas, radicada en Villamartín (Cádiz) no se inició hasta el 28 de marzo de 2016. Siguiendo el modus operandi de otras subvenciones, el proceso se puso en marcha mediante un convenio de colaboración suscrito por los ex directores generales de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, y del Instituto de Fomento de Andalucía (actual agencia IDEA), Francisco Mencía, que ya ha fallecido.

La ayuda se abonó mediante transferencia bancaria el 12 de mayo de 2003 con cargo a la partida presupuestaria de los ERE , según indica la juez, que ya archivó en los meses de abril y mayo de 2016 la causa abierta contra Francisco Mencía, tras su muerte, y contra otros dos ex altos cargos de la Junta, como son el ex secretario general del antiguo IFA José Oyonarte y el exdirector de Finanzas del IFA Pablo Millán.

En cuanto a la ayuda concedida a Electrificaciones Roma, la juez apela a la tesis de la Audiencia Provincial de Sevilla , que advirtió en un auto en marzo de 2016 que «no existe otra resolución previa al auto de 28 de marzo de 2016 que reúna la condición de actos de interposición o de dirección judicial contra persona determinada o determinable, de los que pudiera deducirse la voluntad judicial de no renunciar a la persecución y castigo del ilícito».

La juez archiva la causa porque se trata de una ayuda inferior a 450.000 euros , «en la cual podemos considerar no resulta de aplicación el subtipo agravado, acogiendo el criterio meramente objetivo sostenido por el Ministerio Público y estableciendo como límite la cuantía para la cual la normativa reguladora de la agencia IDEA exigía pasar por la ratificación/aprobación del consejo rector».

No es la primera vez que se produce un archivo en la causa de los ERE. Desde la llegada al juzgado de María Núñez Bolaños, que sustituyó a Mercedes Alaya al marcharse a la Audiencia de Sevilla , dio carpetazo en marzo de 2016 por el mismo motivo de prescripción de delitos la causa abierta el día 6 de febrero de 2015 por Mercedes Alaya contra doce imputados —uno ya fallecido— por las ayudas concedidas a empresas de la Sierra Norte de Sevilla.

En abril de 2016, Núñez archivó la causa contra el alcalde de Santiponce (Sevilla), José López González (IU), y otras tres personas —una ya fallecida—, al haber prescrito sus delitos porque han transcurrido más de diez años desde que se concedieron las ayudas y se dirigió la causa contra los mismos.