La juez Núñez imputa al exconsejero Antonio Fernández por las sobrecomisiones de los ERE

La juez recuerda que, en su escrito, el Ministerio Público alude a la existencia de indicios de la participación de ambos «en el pago con fondos del programa 31L de sobrecomisiones a las empresas» del dueño de Uniter, José González Mata, «para la creación y mantenimiento de oficinas de atención para colectivos de trabajadores de empresas en crisis».

Y todo ello, a juicio de la Fiscalía, «sin sujeción a procedimiento alguno ni determinación/justificación de su coste para la Junta de Andalucía», lo que «permitió, de forma indiciaria, un enriquecimiento indebido» del dueño de Uniter.

En este auto fechado el día 13 de julio y consultado por Europa Press, la juez también atiende otra petición de Anticorrupción y acuerda investigar los pagos efectuados por Estudios Jurídicos Villasís de determinadas ayudas públicas a Muebles Don Formón, Roda Textil SCA, Sapphire Grupo Empresarial, Promociones Vinícolas, Tialna, Dehesa Navera y Megara SCA.

Asimismo, también acuerda investigar las ayudas vinculadas a la Sociedad de Desarrollo del Pedroso, «referida exclusivamente a la transferencia de 240.000 euros», Salvador García Rodríguez, Federación Minerometalúrgica de CCOO-A «por importe de 104.400 euros», y a Verónica Galloso Villalba.

Cabe recordar que la pieza de las sobrecomisiones de los ERE se dirige contra cerca de 40 personas, entre ellas el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero o el exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas.

Recientemente, tres sindicalistas de CCOO pidieron por primera vez a la juez que aplique las «consecuencias procesales» del auto donde la Audiencia Provincial de Sevilla establece que haya un solo juicio contra los exaltos cargos de la Junta procesados en la pieza 'política' de los ERE y, de este modo, decrete la nulidad de actuaciones en la pieza separada por las sobrecomisiones.

Así lo solicitan en tres escritos distintos, a los que ha tenido acceso Europa Press, el exsecretario de Organización, Finanzas y Comunicación de la Federación de Industrias Textil-Piel, Químicas y Afines (Fiteqa) de CCOO-A Juan Antonio Florido ; el exsecretario general de la Federación Minerometalúrgica de CCOO-A Manuel Roberto Carmona Soto , y el exsecretario general de Fiteqa José Luis Montesinos.

Los abogados de estos tres imputados aluden al auto dictado por la Sección Séptima en relación con el ex director general de IDEA Jacinto Cañete y concluyen que el tribunal ha «sentado el principio que puede resumirse en la imposible presencia de quienes componen el procedimiento específico en las diferentes piezas incoadas en ejecución material del principio 'non bis in idem', lógicamente en tanto no se resuelva de forma definitiva el citado procedimiento específico».

En este sentido, las defensas de Manuel Roberto Carmona Soto y de Juan Antonio Florido consideran que lo resuelto por la Sección Séptima de la Audiencia respecto a Jacinto Cañete «necesariamente se extiende a todos los investigados incluidos» en el denominado procedimiento específico, «que no van a poder ser investigados en las piezas separadas».

«En orden a evitar el avance de esta pieza que vendría viciada en su origen al pretender la presencia de personas que están siendo objeto de enjuiciamiento» en la pieza 'política' de los ERE', consideran que procede decretar la nulidad de actuaciones desde el auto de 8 de junio de 2016 donde se incoó la pieza separada de las sobrecomisiones, «excluyendo toda referencia a quienes se juzga en el referido proceso y las consideraciones efectuadas consecuentes con la cita de aquellos».

Al hilo, aseveran que «resulta imposible mantener una imputación por malversación de fondos en calidad de extraneus » contra ellos «sin que en la presente pieza se incluyan a quienes presuntamente han malversado directamente esos fondos públicos, y ordenado el pago de los supuestos excesos de comisión, máxime» cuando los sindicalistas investigados «no pueden actuar» al no ser parte en la pieza 'política' en la que «se incluye como acusado la persona que directamente pudiera haber malversado los fondos, permitiendo el exceso de comisión».

Los letrados consideran en sus escritos que «una eventual condena de aquellas personas en el denominado procedimiento específico, por los hechos relativos a sobrecomisiones, necesariamente afecta» a los sindicalistas investigados, «prejuzgando el resultado de estas diligencias» sin que sus patrocinados «hayan podido intervenir».

Por ello, «nuevamente se crea y mantiene una situación de indefensión que aboca a la nulidad de cuanto se actúe a partir del auto inicial de incoación de las previas de sobrecomisiones», manifiestan los abogados, que reclaman a la juez la nulidad de este auto y el dictado de una nueva resolución «en aplicación de las consecuencias procesales» de lo resuelto por la Audiencia Provincial.