Antonio Fernández, un exconsejero de la Junta de Andalucía fijo en el banquillo del caso ERE

A la lista de imputaciones acaba de añadir una más. La juez que instruye el caso ERE tras la marcha de Mercedes Alaya, María Núñez Bolaños, lo cita como investigado en la pieza separada de la causa que indaga en el pago de sobrecomisiones ilícitas por la gestión de pólizas de prejubilaciones en los expedientes de regulación de empleo subvencionados por la Junta de Andalucía. La magistrada atiende así la petición que hizo la Fiscalía Anticorrupción para que fuera investigado Fernández y el exdirector general de Trabajo Juan Márquez.

En su escrito, la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla advierte de que el Ministerio Público alude a la existencia de indicios de la participación de ambos «en el pago con fondos del programa presupuestario 31L de sobrecomisiones a las empresas » del dueño de la empresa mediadora Uniter, José González Mata, «para la creación y mantenimiento de oficinas de atención para colectivos de trabajadores de empresas en crisis».

Tanto González Mata como Fernández son de la localidad gaditana de Jerez de la Frontera. Argumenta la Fiscalía que pagaron estas supuestas mordidas «sin sujeción a procedimiento alguno», lo que «permitió, de forma indiciaria, un enriquecimiento indebido» del dueño de Uniter.

La investigación reveló la afición de este empresario por las antigüedades. Tanto su piso de Jerez como un chalet los había decorado con piezas de coleccionista como una biblioteca Luis XIV de madera de palo santo de la época de Napoleón III valorada en 9.000 euros.

Dentro de la causa de Formación, Fernández está siendo investigado por las ayudas concedidas a otro exconsejero de la Junta Ángel Ojeda, que recibió 52,6 millones de euros de la Junta de Andalucía para impartir cursos.

El exconsejero de Empleo está, además, a un paso de sentarse en el banquillo como procesado en cuatro investigaciones ya cerradas del caso ERE. Por su participación en las ayudas concedidas a las empresas Acyco y Surcolor, Centros para la Formación y Prevención Laboral (Cenforpre) , así como por implantar y mantener un procedimiento que el juez Álvaro Martín considera ilegal para financiar despidos en empresas. En esta causa están procesados también los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán . Antonio Fernández se enfrenta a una petición de pena de cárcel de 28 años por parte de la Fiscalía.