La Guardia Civil acusa al grupo Joly de beneficiarse de los ERE e intentar ocultar la ayuda de 8 millones

Asimismo, la Guardia Civil destaca que los responsables de la Consejería de Empleo y del Grupo Joly actuaron en connivencia para tratar de ocultar la verdadera naturaleza de la subvención y dar la apariencia de que la ayuda era ajena a la empresa.

El informe elaborado por la Comandancia de Cádiz en base a la investigación realizada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil responde a las diligencias abiertas por el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla acerca de la ayuda excepcional concedida por la Consejería de Empleo a la Asociación de Trabajadores de la Prensa de Cádiz. Se trata de uno de los ERE irregulares que dicha Consejería pagó con la partida presupuestaria 31L, conocida como el «fondo de reptiles», a empresas a las que el PSOE quiso beneficiar durante la etapa de Gobierno de Manuel Chaves.

La historia del ERE investigado por el juzgado comienza en enero de 2004, cuando se producen las primeras comunicaciones por parte de la dirección de la empresa a los representantes de los trabajadores para llevar a cabo una regulación de empleo para personal de más de 52 años de edad. La empresa firmó el 7 de mayo de ese año un acuerdo para prejubilar a 36 .

La investigación sostiene que con posterioridad, los directivos del grupo Joly pactaron con la Consejería de Empleo para que «esta administración se hiciera cargo de una parte sustancial» del acuerdo. La Guardia Civil reproduce un escrito sin fecha del entonces director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, dirigido al presidente del grupo Joly, José Joly Martínez de Salazar, en el que se hace alusión a las reuniones mantenidas entre ambas partes y se recoge que «esta Dirección General de Trabajo y Seguridad Social manifiesta su compromiso de apoyo al plan de racionalización y modernización del referido grupo empresarial mediante la concesión de ayudas sociales» que Guerrero sitúa «en el entorno de entre 6.500.000 y 7.000.000 euros».

La cantidad fijada fue finalmente de 7.597.247 euros, aunque con las primas se alcanzarían los ocho millones de euros , y los investigadores subrayan que dicho montante excedía notablemente la cantidad que la empresa había previsto como coste de las prejubilaciones en su plan inicial, cifrada en 1.089.082 euros .

La Guardia Civil no tiene dudas sobre la negociación entre los directivos de la empresa periodística y de la Consejería de Empleo para cerrar el acuerdo. Así, señala que «existen indicios suficientes para entender que por parte del grupo Joly tuvieron participación al menos el presidente del grupo Joly, José Joly Martínez de Salazar, así como Javier Moyano Zamora y de Javier Isasi Fernández de Bobadilla» . En lo que se refiere a la Junta de Andalucía, se señala que en la negociación tuvieron un papel relevante los directores generales Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez « con el visto bueno del viceconsejero de Empleo, Agustín Barberá» . También se apunta a la participación de José González Mata, dueño de las mediadoras Ingotor y Uniter.

No obstante, ambas partes –siempre según el atestado policial– intentaron borrar el rastro de dicha negociación y simular que el grupo Joly no era el beneficiario de las ayudas. Así, la Guardia Civil subraya que «en el trámite previo, durante y posteriormente, se realizaron actos deliberados para ocultar la verdadera naturaleza de la ayuda pública, pretendiendo dar la apariencia de que la ayuda era ajena al grupo empresarial». En este sentido, el atestado destaca que «la Administración, además de ocultar de manera deliberada el verdadero destino de la ayuda, realizó el trámite administrativo prescindiendo absolutamente de procedimiento reglado para su concesión, destinando fondos públicos a fines distintos a los que estaban previsto, obteniendo por ello un beneficio económico el referido grupo Joly».

El procedimiento para desvincular la subvención del grupo Joly fue la creación de la llamada Asociación de Trabajadores de la Prensa de Cádiz , de forma que el dinero fuera recibido por los trabajadores y no por la empresa. El atestado policial es contundente al describir la constitución de esta asociación como una mera estratagema. Así, considera que «en realidad, esta figura carece de sentido al no ser necesaria la creación de la misma», y señala que «es el grupo Joly quien se debería de haber hecho cargo de sus indemnizaciones y ha utilizado a la citada asociación para eludir sus responsabilidades».

La investigación también destaca la desaparición en el expediente administrativo de la solicitud formal de la ayuda, «en la que consta como peticionaria el propio grupo Joly en compañía de la asociación de extrabajadores y el comité de empresa». Otras irregularidades que menciona son la ausencia de los criterios de publicidad, concurrencia y objetividad legalmente establecidos; la falta de fiscalización previa del gasto o la insuficiente acreditación de la excepcionalidad de la subvención.

En definitiva, el informe de la Guardia Civil considera probado que el grupo Joly y la Junta de Andalucía llegaron «a un acuerdo para el pago de la totalidad del acuerdo alcanzado entre el comité de empresa y el grupo Joly, pero en vez de realizarlo en una única póliza en la que ambos pagadores abonaran la parte que hubieran acordado entre ellas, decidieron realizarlo de manera independiente, siendo la única explicación posible el que no constara un nexo de unión contractual entre ambas entidades, es decir, con ánimo de ocultar la verdadera naturaleza de los acuerdos».

Los investigadores entienden que el grupo Joly «obtuvo un doble beneficio con la prejubilación de 36 trabajadores pagados en parte por la Junta». Señala que las prejubilaciones le permitieron «una importante disminución de la carga salarial» al desprenderse de personal «con experiencia en el ámbito analógico pero sin conocimientos en el digital» y, a cambio, la contratación de nuevo personal «con un sueldo inferior» y con perfiles más adecuados para el desarrollo de las páginas web del grupo.

El acuerdo alcanzado entre el grupo Joly y la Junta permitió, siempre según los datos de la Guardia Civil, «realizar el ERE sin que la Delegación de Empleo entrara en el fondo sobre si los despidos estaban justificados o no, y dado que llega al acuerdo con la Junta de Andalucía, el coste salarial de dichos despidos no le supone los más de ocho millones de euros que cuesta el acuerdo alcanzado con el comité de empresa, sino que se limita a algo más de un millón de euros, que era la indemnización mínima a pagar».