La Fiscalía Anticorrupción se opone a cerrar la investigación del ERE de Grupo Joly

El letrado del grupo editor de cabeceras como Diario de Sevilla y Diario de Cádiz alegaba, en un escrito del 18 de julio pasado, que había expirado el plazo inicial de seis meses para la investigación de esta causa penal desgajada del caso ERE.

Como consecuencia, exponía este abogado, el auto dictado por el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ampliando en 18 meses el plazo máximo estipulado para las causas complejas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal «no es conforme a derecho». Por esta razón, debe «anularse y decretarse que la instrucción terminó el día 4 de abril y dictarse una de las resoluciones posibles del artículo 779 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) con fundamento únicamente en las diligencia practicadas», pedía la representación procesal de Federico Joly y Cía S.L.

Frente a estos argumentos, la Fiscalía Anticorrupción sostiene que aunque el auto se dictara fuera de plazo, la consecuencia « nunca puede ser ni el archivo de las actuaciones , ni tampoco que se dé por terminada la instrucción en la fecha que venció el plazo inicial de 6 meses», como pretende el abogado del grupo editor. De hecho, las partes aún están a la espera de recibir un atestado encargado a la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz sobre esta ayuda irregular.

La Fiscalía argumenta que « la instrucción del proceso debería continuar en todo caso, sin perjuicio de que la vulneración detectada pudiera tener consecuencias en el ámbito del derecho fundamental concernido», cuando el caso llegue a juicio. Los plazos de instrucción son orientativos.

«Entender lo contrario supondría una vulneración flagrante del derecho a la tutela judicial efectiva, puesto que supondría que una vez concluido el plazo, no se podría dictar ya la resolución» para continuar con la investigación, afirma en su escrito. Añade que ello va contra el principio de legalidad penal establecido en el artículo 25 de la Constitución Española. Por todo ello, «los fiscales impugnan el recurso de reforma» de Federico Joly y Cía S.L.

En un recurso presentado el 24 de junio ante la Audiencia de Sevilla, Anticorrupción señaló que esta subvención sirvió «para enriquecer de manera injusta» y «de modo fraudulento» a empresas pertenecientes al grupo editor. La Fiscalía pidió imputar a cinco ex altos cargos de Empleo y al presidente de la compañía periodística.