Caso ERE: Se busca a dos indios desaparecidos tras recibir 1,3 millones de la Junta de Andalucía

Finalmente, el dinero público entregado irregularmente se quedó en casi 1,3 millones de euros que salieron del programa presupuestario 31-L para empresas en crisis, el llamado «fondo de reptiles» de los ERE. Se ingresó en dos pagos entre 2009 y 2010 en la cuenta de la asociación creada por los extrabajadores para cobrar las ayudas. La Consejería de Empleo le costeó al empresario indio las prejubilaciones de 33 de los 200 empleados de Nilefós que tenían de 55 años en adelante.

Todo fue un fiasco. La operación urdida para salvar la compañía aguantó el tiempo justo de recibir la subvención. El dueño de Nilefós Química S.A., Nitin Ma dhvani; su director general, otro indio llamado Biswarup Tafafdar , y el británico Stephen John Richard France , consejero delegado de la compañía, están hoy en «paradero desconocido». En realidad, la Junta no les ha vuelto a ver el pelo desde el 25 de julio de 2009, cuando se reunió por última vez con las autoridades autonómicas en la Consejería de Empleo, que le conminaron a hacerse cargo de la fábrica.

Mediante un auto dictado el pasado 2 de febrero al que ha tenido acceso ABC, el juez José Ignacio Vilaplana emite una requisitoria «para el llamamiento y búsqueda» de los tres empresarios que se desentendieron de la empresa. El 8 de agosto de 2019 el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla los citó por primera vez para declarar por estas ayudas irregulares en calidad de investigados. Pero no comparecieron.

El juzgado dirigió entonces un oficio a la Guardia Civil para que averiguara su paradero. Era como si la tierra se hubiera tragado a los empresarios indios, imputados por supuestos delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental en una pieza separada del caso ERE sobre la citada subvención. Todos los intentos por localizarlos han resultado infructuosos.

En su resolución, el juez ha dado instrucciones al equipo de Delitos Tecnológicos y Económicos de la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva para que amplíe la diligencias relativas a las ayudas concedidas que inicialmente ascendían a 5,3 millones . Archiva provisionalmente las actuaciones «en tanto sean hallados» para evitar que sigan corriendo los plazos y los supuestos delitos prescriban.

Según el juez, los administradores de la sociedad «se habrían concertado» con el entonces director general de la Seguridad Social de la Junta, Juan Márquez , para «la obtención ilícita» de ayudas . Los tres empresarios «actuaron en connivencia con los responsables» de la Junta «a sabiendas de la realmente nula tramitación de expediente administrativo conforme a la legalidad vigente». Bajo el artificio de una «supuesta ayuda laboral» en favor de trabajadores, estaban «ocultando que el real beneficiario de los fondos era la propia empresa Nilefós Química S.A.», concluye el instructor.