La campaña electoral en Andalucía ya ha empezado en los escaños

No fueron los únicos síntomas de que ya se avistan las urnas. El PSOE inició su campaña fuera del hemiciclo, en el patio principal del Antiguo Hospital de las Cinco Llagas, porque Juan Espadas todavía no tiene escaño —deberá esperar a la próxima convocatoria electoral— y denunciando «el atropello» de la Mesa del Parlamento que no ha permitido que la Cámara debata la creación de una comisión de investigación sobre los contratos de emergencia que la Junta ha firmado durante la pandemia y hasta el pasado marzo.

«Puede pagar en las urnas una convocatoria frívola. Así va a terminar la legislatura, con toda su gestión en los tribunales», le decía Ángeles Férriz, la portavoz del PSOE a Moreno durante la sesión de control. Eso era lo que pretendían, que si hay un último pleno —que podría celebrarse si las elecciones son el 26 de junio en lugar del domingo anterior— no sólo se hablase del dictamen de la Faffe, el último caso de corrupción del PSOE que señala a los tres expresidentes, Chaves, Griñán y Susana Díaz, como responsables políticos de que una parte del dinero público destinado a los parados terminase en prostíbulos.

En las últimas semanas, también por las particulares circunstancias económicas, los agricultores y ganaderos han estado muy presentes en el Parlamento. Son un público a conquistar. El mundo rural, en sentido amplio, siempre había sido del PSOE y una parte de Izquierda Unida. Con la llegada de Vox, todo eso se ha tambaleado y ahora la pelea es más encarnizada. El portavoz de los de Abascal, Manuel Gavira , lanzaba su discurso antieuropeo, «en los 40 días que llevamos de guerra se han cargado 40 años de políticas progres de Europa». El portavoz del PP, José Antonio Nieto, le respondía contundente, «pregúntele a los agricultores si quieren soberanía o autarquía, si quieren autonomía o la PAC, ¿quieren de verdad que se cierren las fronteras a la exportación?».

El presidente de la Junta también arrimaba el ascua a su sardina y ya que no podrá «cortar cintas» de obras ya terminadas antes de las elecciones como el Hospital Militar de Sevilla, el Metro de Málaga por el centro o el tranvía de la Bahía de Cádiz porque lo prohíbe la legislación electoral, anunciaba que el Gobierno aprobará el martes un decreto ley para revisar los precios y «compensar a las empresas que trabajan con la administración autonómica y que están sufriendo el sobrecoste por la subida de precios tanto en materiales como en suministros». Será un decreto ley por el que se aprueban medidas urgentes para la revisión excepcional de precios en los contratos públicos de obras.

Fuentes cercanas al presidente han explicado que las quejas de las empresas que están ejecutando los contratos públicos son el principal «dolor de cabeza» del Ejecutivo en estos momentos ya que la Junta es la mayor impulsora de obras públicas en Andalucía, muy por encima de los ayuntamientos y del Estado. Se atiende así a un sector estratégico para la comunidad autónoma y que sostiene a muchas familias... en el momento oportuno.