Un informe del SAS desmonta la teoría del PSOE sobre los 1,82 millones de «vacunas fantasma»

El paradero de estas monodosis destinadas a inmunizar a andaluces contra el virus es un misterio que va más allá del maquillaje estadístico, para el actual Gobierno andaluz del PP y Ciudadanos . Que va más allá del millón de personas que los anteriores ejecutivos socialistas declararon que se habían vacunado «inflando sistemáticamente» las estadísticas de cobertura de las campañas de la gripe que se enviaban al Ministerio de Sanidad, según la denuncia realizada hace una semana por el portavoz de la Junta.

En el PSOE andaluz alegaron que el recuento del Gobierno deja fuera a grupos en situación de riesgo, como fuerzas de seguridad, bomberos, personal sanitario, trabajadores de residencias de personas mayores, ayuntamientos o diputaciones, que reciben vacunas repartidas por la Dirección General de Salud, unas 100.000 cada año, que habría que sumar a las dispensadas en los centros de salud. ¿Cómo es posible que en una Administración como la Junta de Andalucía no quedaran anotadas en ningún sistema oficial miles y miles de dosis que se inyectaron a estos colectivos?

La Junta facilitó anoche a los medios de comunicación un informe de la Subdireccion General de Farmacia y Prestaciones que desmontaba la tesis del PSOE. « Desde el año 2016, entra en funcionamiento el módulo de administración de vacunas dentro del aplicativo Diraya con lo que se consigue la absoluta trazabilidad de las vacunas que se pusieron a los pacientes desde los centros del SAS autorizados», expone. «No hemos tenido constancia en esta Subdirección de que hubiera suministro» a dichos cuarteles de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, bomberos, personal sanitario, trabajadores de residencias de mayores, ayuntamientos y diputaciones. Si se hubiera hecho «habría sido sin conocimiento» de dicha Subdirección, aclara el informe.

El Consejo de Gobierno andaluz debatió este martes por segunda vez este asunto, que se ha convertido en uno de los banderines de enganche del Ejecutivo en esta precampaña electoral. La pasada de las generales del 28 de abril giró sobre otra cuestión sanitaria sensible: los 506.408 andaluces ocultos en las listas oficiales pendientes de operarse o de ser atendidos por un especialista.

En la rueda de prensa posterior a la reunión, el Ejecutivo andaluz facilitó a los periodistas una tabla de datos extraídos de la plataforma informática Diraya, la base de datos del SAS. De acuerdo con este gráfico, entre 2009 y 2019 el SAS compró 12.672.033 monodosis, de las que se utilizaron 9.561.365 y se devolvieron a los proveedores 1.284.875.

Los números no cuadran: quedarían 1.825.793 vacunas que se habrían desvanecido y que no se sabe dónde han ido a parar. Este agujero negro afectó a 273.875 dosis en la campaña de 2009-2010 hasta las 137.791 de la temporada 2018-2019. Cada dosis le cuesta al SAS entre 3,5 y 4,29 euros, lo que arroja un gasto de 6 millones de euros para las arcas públicas, que serían 27 millones si las mismas dosis se adquirieran de motu proprio en una farmacia, donde a un particular le cuesta entre 8 y 14 euros.

Más allá del juego político que está dando, el caso de las «vacunas fantasma» puede acabar con una denuncia ante la Fiscalía o en los juzgados. En estos momentos, aseguró Bendodo, «estamos buscando las facturas y cómo funcionaban las distintas cadenas de distribución». Bendodo aprovechó la comparecencia pública para asaetear a preguntas a los anteriores responsables del PSOE en la Junta: «¿Dónde están las vacunas pagadas y que no fueron utilizadas ni devueltas tampoco?»

En el Partido Socialista no han respondido a esta pregunta. Tampoco lo hicieron ayer. A falta de aclaraciones, su secretaria general, Susana Díaz , cargó de nuevo contra el Gobierno de Juanma Moreno acusándolo de querer «tapar» la realidad de los «recortes» en la sanidad andaluza, especialmente en la campaña de la gripe, con datos «falsos» y con la pretensión de «difamar».

Otra incógnita es por qué no se devolvieron las vacunas pagadas y sin utilizar. Los contratos firmados con los laboratorios permiten al SAS retornar dosis que lleven hasta un año caducadas y recuperar total o parcialmente la inversión.