«Un alto cargo no puede estar años y años firmando papeles sin enterarse de nada»

¿Qué precio paga un juez por tratar de ser independiente?

La independencia es un intento, pero un juez independiente también se puede convertir en un personaje obsesivo, huidizo y poner sentencias muy malas. Yo diría que un juez coherente consigo mismo, como cualquier funcionario o periodista, tiene que pagar un precio de soledad, incomprensión y de considerarse un ser molesto. Lo importante es que esté en la realidad.

Usted investigó las irregularidades en la venta de entradas a la Alhambra. La Audiencia de Granada consideró probado el fraude pero sólo condenó a diez de los procesados. ¿Está de acuerdo con esta sentencia?

Se plantea el problema de si el juez instructor quiere o no la condena. Podemos acudir a la frase de que “se cumpla la ley o se haga justicia”. Esa sentencia no es definitiva e irá a otras instancias. La base de una sentencia es el juicio oral, donde pueden pasar muchas cosas. Pero el juicio oral también se puede convertir en un paripé. Vemos juicios orales en los que nadie se acuerda de nada, los testigos dicen lo contrario que en la instrucción. El juicio oral puede ser la gran mentira.

Cuenta en sus memorias que la monstruosa burocracia corre en contra del juez. ¿La promesa del «papel cero» en los juzgados es una quimera?

En cuestión de medios materiales está todo por hacer. No hay más que comparar los medios que tiene la Agencia Tributaria o la Seguridad Social a los pobres medios que tiene la Justicia.

¿Al político le interesa que la justicia sea lenta aunque luego se queje de que si es lenta no es de verdad?

Dicen que la Justicia es lenta, pero que te acaba jodiendo. Si no existe un propósito firme de que la Justicia sea lenta, lo que sí existe es una falta de imaginación. Quiero creer que son muchas las necesidades y pocos los medios económicos.

Al describir cómo encaran los políticos aforados el banquillo, escribe: «Trasladan y endosan la culpa a sus subordinados con frases con las que se podría componer un diccionario de lugares comunes: “Soy un maestro de escuela sin formacion jurídica”, “no se me facilitó ningún informe”, “no me consta”». Parecen sacadas del guion del juicio del caso ERE. ¿Pueden ordenar la sociedad, la economía, la cultura y nuestra vida personas que lo desconocen todo?

Dentro de la defensa que hace un político ante un tribunal lo más fácil es decir que no conoce los hechos o no le informaron.Ya tiene su tanto de culpa que un alto cargo ignore los hechos o no haya tratado de informarse. Ya es bastante vergonzoso que en hechos graves un político o cualquier persona desconozca los hechos o las obligaciones legales que imponen un cargo o la concesión de ayudas. Un alto cargo no puede estar años y años firmando papeles sin enterarse de nada. ¿Y los mecanismos de control? ¿No funcionan? Pero el juicio de los ERE no lo conozco.

Susana Díaz se quejó de que Manuel Chaves y José Antonio Griñán  «no se han llevado ni un euro y se ven tres días a la semana sentados en un banquillo». En su libro comenta, con ironía, que parece que «no es lo mismo meter la mano que meter la pata». ¿Acabaremos los andaluces pidiendo perdón por el caso ERE?

Desconozco el caso de los ERE en profundidad, pero no creo que los andaluces tengan que pedir perdón. Ha habido una instrucción, unos escritos de acusación y formalmente todo es perfecto. Que hay indicios de criminalidad lo ha dicho un juez del Supremo. Hay mucho de teatralidad en esto, aunque evidentemente la situación de un acusado es dramática. También hay una tendencia a la exculpación. Se le quiere quitar importancia a la prevaricación diciendo que no se ha robado. Es ya lo que faltaba. Muchas veces es más vergonzosa una prevaricación que haber malversado. La prevaricación constituye el mayor abuso de superioridad de políticos o funcionarios que han jurado la Constitución.

Se ha armado mucho revuelo social con la sentencia contra La Manada. Hemos escuchado a un ministro de Justicia azuzar al Consejo General del Poder Judicial, al que usted denomina como el Consejo Judicial del Poder Absoluto, para que actúe contra el magistrado que emitió el voto particular. ¿Qué opina de la sentencia y de este tipo de injerencias?

Me he leído dos veces la sentencia y la veo perfectamente razonada, con la divergencia diametral del voto particular. Ahora, yo me pregunto: ¿Se puede tener una opinión superior a la de esos dos jueces sin haber leído la instrucción ni la sentencia y sin haber visto el juicio? Es difícil. La sentencia me deja insatisfecho. Es también un fracaso de la clase política y judicial, incluidos los abogados. No hablemos de las mentiras que encierra una instrucción, un juicio oral. Resulta curioso que se redactara un Código Penal en 1995 y ahora nos demos cuenta del disparate que puede ser exigir que haya violencia e intimidación para que exista una agresión sexual sin consentimiento de la persona violada. Estos jueces, con mucho oficio, a los que están poniendo a parir dictan una sentencia en base a una legislación y una doctrina jurisprudencial que yo he estado leyendo y que me resulta un poco rancia y falta de sensibilidad. Todos tenemos culpa de algunas sentencias. Arrastramos una historia de la que no es fácil desprenderse. El voto particular es un ataque grande a la sentencia de sus otros dos compañeros, pero es un derecho igualmente respetable.

En su libro señala que en el Tribunal Superior de Justicia reside alguna señoría que debe su nombramiento a los políticos. ¿Puede ser independiente el presidente del TSJA si la Administración autonómica le está pagando el alquiler de su casa?

Puede ser independiente, pero de cara a la opinión pública no es muy aleccionador ni estimulante, y esa persona puede ser un gran presidente. Cada uno que piense lo que quiera.

¿Hay una justicia para poderosos y hay una justicia para los que no lo son, como proclamó la juez Alaya?

Yo estoy de acuerdo con que en determinados casos hay una justicia para pobres y otra para ricos. Pero creo que una persona como la señora Mercedes Alaya que hizo la labor excepcional de instruir ese sumario (el caso ERE) tenía la obligación social de haberse quedado en el juzgado en lugar de irse a la Audiencia de Sevilla. Quien levanta esa hoguera, debe acabarla.