El adelanto electoral en Andalucía pararía la comisión de investigación de la Faffe y la Ley de Igualdad

Susana Díaz tiene muy claro que quiere unas elecciones en solitario, «un debate andaluz» que no se vea ensombrecido por cuestiones ajenas y por eso será determinante lo que decidan en la Moncloa y también en la Generalitat de Cataluña. Si Pedro Sánchez se deja llevar por los cantos de sirena del último CIS —que ahora dirige su amigo José Félix Tezanos— y convoca elecciones generales para el otoño, es más que probable que Susana Díaz aguante hasta el mes de marzo, cuando corresponderían las andaluzas. También mira a Cataluña porque si hay adelanto electoral para el 1 de octubre, como se especula, también habría que esperar.

Hay muchas razones para adelantar las elecciones en Andalucía pero también se trata de una decisión arriesgada que dejaría en el cajón muchos proyectos estrella del Gobierno de Susana Díaz que quiere presentarse ante los andaluces con una buena gestión, sobre todo porque la principal crítica de los partidos de la oposición es precisamente la «indolencia» y el «agotamiento» del Gabinete andaluz.

La disolución del Parlamento a principios de septiembre tiene, sin duda, una ventaja enorme desde el punto de vista práctico. Frenaría en seco la comisión de investigación sobre las irregularidades en la Faffe, la extinta fundación de la Junta que ha saltado, además, a las televisiones nacionales por el uso del exgerente de la misma de una tarjeta en un club de alterne de Sevilla.

Un feo asunto que tiene visos de ser sólo la punta del iceberg. El propio consejero de Empleo desveló en el Parlamento que hay otros 20.000 euros «sospechosos» en los gastos de otra tarjeta de la Faffe. ¿Voladura controlada? o ¿Coartada para defender que ha sido la Junta la primera interesada en esclarecer los hechos?

El consejero de Empleo insiste en que él es el primer interesado en llegar al fondo del asunto pero, evidentemente, no es lo mismo que él dirija una investigación interna o dé la orden de facilitar datos a los juzgados (donde también hay un proceso penal abierto) a que tenga que enfrentarse a una comisión de investigación con preguntas incómodas de todos los grupos parlamentarios a los ex altos cargos de la administración paralela de la Junta. Y eso por no hablar de los expedientes de la extinta Faffe que empezarían a circular.

Otra ventaja es la elaboración del Presupuesto 2019. La salida de María Jesús Montero de la Consejería de Hacienda ha supuesto, de facto, el desmantelamiento de la misma puesto que los principales cargos directivos se han marchado con ella a Madrid. Claro que hay técnicos suficientemente preparados en Hacienda, pero el equipo directivo es todo nuevo, capitaneado por Ramírez de Arellano, y todavía no ha elaborado ningún presupuesto andaluz. Es una dificultad añadida y conviene no correr riesgos en un asunto tan delicado.

Tampoco se podrían cumplir más compromisos de los firmados con Ciudadanos, lo que cortaría las alas a la formación naranja que ya saca bastante rédito político de su «trabajo útil en el Parlamento». Los socialistas consideran que la reducción del impuesto de sucesiones que han logrado ya es un arma política lo bastante potente como para rentabilizar su apoyo a Susana Díaz.

La disolución del Parlamento también tiene inconvenientes para el Gobierno andaluz. El principal es la Ley de Igualdad , un proyecto que la Junta ha defendido con ahínco —supone un hito en sus políticas de izquierdas— pero que no podría aprobar. También decaería la Ley de Sostenibilidad del Sistema Público Sanitario , otra iniciativa a la que el Gobierno de Susana Díaz había fiado muchas de sus esperanzas. Era otro pilar ideológico, blindar el sistema público de salud, con el que llegar a las urnas pero no ha sido posible el acuerdo con ningún grupo parlamentario y también quedará como un fracaso.