¿Acabarán pagando los andaluces dos veces el «pufo» de la formación?

Según fuentes jurídicas consultadas por ABC, la resolución del juez de instrucción 5 de Huelva, Javier Romero Jiménez , abre la puerta a una perversa paradoja: puede obligar a los andaluces a pagar dos veces los daños y perjuicios ocasionados en las arcas públicas por unas irregularidades que no han cometido, como resultado del descontrol instalado en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). El daño es múltiple: por un lado, por las millonarias subvenciones de las que no se beneficiaron sus legítimos destinatarios , que eran los parados andaluces y los trabajadores de empresas y, por otro, porque la Junta podría verse en la tesitura de reintegrar las ayudas mal empleadas a la Unión Europea , si ésta se las reclama, ya que la mayoría de los cursos bajo sospecha (que suman 3.000 millones) se cofinanciaron con cargo al Fondo Social Europeo.

De hecho, la UE ya ha movido ficha bloqueando el Fondo Social Europeo para Andalucía en 2015, que se eleva a 468 millones, por el cúmulo de irregularidades detectadas en fondos concedidos con anterioridad por Bruselas.

El PP, que está personado como acusación en la investigación de estas ayudas que lleva a cabo la juez de instrucción 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños , no descarta solicitar que adopte el criterio de su homólogo en Huelva en las nueve piezas desgajadas de la causa matriz de la formación , amparándose en el artículo 121 del Código Penal. Ya lo pidieron sin éxito en el caso ERE cuando lo instruía la juez Mercedes Alaya. Hay un matiz importante: las ayudas de los ERE salieron de los recursos propios de la Junta pero los cursos son financiados en parte por la UE.

El citado artículo fija la responsabilidad civil de una Administración cuando el daño sea provocado por una autoridad o funcionario público « en el ejercicio de su cargo o función ». El supuesto se da porque la Ucdef de la Policía ha imputado por prevaricación y malversación a seis cargos y técnicos autonómicos.

Los interventores que han desfilado ante la comisión de investigación del Parlamento admiten que fallaron los controles. Como consecuencia, decenas de empresas beneficiarias diseñaron cursos que no llegaron a impartirse, colaron al SAE listados con asistentes falsos, o se crearon sociedades «fantasmas» para ofrecer un curso concreto y al poco tiempo desaparecían.

Pero hay otra vía para restituir el quebranto que la Junta no ha utilizado en ninguno de los casos de corrupción en los que se ha visto envuelta a pesar de que el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía de 2010 la ampara. Sería tan simple como obligar a su personal a responder con su patrimonio por « el menoscabo en los fondos públicos » que ocasione con sus «acciones u omisiones», con independencia de la responsabilidad penal o disciplinaria que corresponda, tal y como reza el artículo 108 de la norma.

Sin embargo, «la Junta no va a ir contra miembros de su propio partido», ha apuntado Luis Escribano , miembro directivo de la Asociación Defiendo mi derecho en la gestión pública. Este funcionario, que disecciona las sombras de la administración autonómica en su columna en www.eldemocrataliberal.com , advierte de que existe un mecanismo de control interno, la Inspección General de Servicios, que tampoco ha funcionado para detectar irregularidades de tipo administrativo en fraudes como el de los ERE o la formación.