El riesgo de pobreza infantil severa puede afectar al 22% de los niños de Andalucía por el coronavirus

Durante su comparecencia ante la subcomisión de Políticas Sociales y demás servicios esenciales de la comisión de estudio del Parlamento sobre la reconstrucción de Andalucía, Cuenca ha propuesto modificar la renta mínima de inserción andaluza aprovechando la entrada en vigor del ingreso mínimo vital a nivel estatal.

Según las proyecciones de la ONG, los niños andaluces «serán los principales afectados por este aumento de la pobreza», ya que, a pesar de que el empleo crezca un 5 % en 2021 y la tasa de paro baje hasta el 23,7 %, las tasas de pobreza infantil en Andalucía «no se recuperarían, como ya ocurrió en la crisis de 2008».

«El riesgo de que los niños caigan en la pobreza no se reduce porque la economía mejore», ha dicho el director de Save the Children en Andalucía, que ha propuesto modificar la renta mínima convirtiéndola en una prestación específica para familias con menores a cargo.

Según ha detallado, esto podría reducir hasta el entorno del 11 % la pobreza severa infantil, en cuya lucha ha situado también medidas de protección social, equidad educativa y protección de la infancia contra la violencia, actuaciones que «ya antes del covid deberían haber supuesto un foco muy importante en la acción política».

En este punto ha coincidido el presidente de Cáritas en Andalucía, Mariano Pérez de Ayala, que también ha comparecido en la comisión y ha pedido que se aborden «con prontitud» los estudios que lleven a la subsidiariedad de la renta mínima porque es «urgente» la coordinación entre ambos sistemas.

«Hay que hacer posible que las ayudas que provienen de esta renta mínima lleguen a tramos a los que no va a alcanzar el ingreso mínimo vital», ha dicho Pérez de Ayala, que ha apostado por «reformas profundas de futuro» y por que la salida de la crisis «no tenga una mirada solo desde la reactivación económica».

Ha pedido que se dediquen los mayores esfuerzos presupuestarios a las políticas sociales para «equiparar ese presupuesto al gasto medio social en el resto del territorio español», así como «no dejarse ganar por la emergencia ni convertir recursos muy excepcionales en el modo habitual de suministrar ayudas».

Por su parte María José Hernández, coordinadora autonómica de Cruz Roja , ha detallado la actuación de la organización durante la crisis en la que ha destacado la atención a ciudadanos para salvar la brecha digital y los puntos de información sobre el ingreso mínimo vital, con voluntarios que asesoran para su solicitud.

Además ha solicitado un abordaje «serio y riguroso» de la inmigración puesto que «no invertir en esta realidad ya no es posible» y ha reclamado mejor financiación.

«O tenemos equipos financiados y con conocimiento previo o es imposible dar respuestas rápidas cuando hay emergencias», ha concluido Hernández, que ha recordado que Cruz Roja no es una organización de «denuncia o reivindicación», pero sí gusta de hacer «diplomacia humanitaria».