Ni rastro en Andalucía de los pisos protegidos anunciados por Sánchez

De una forma u otra, las vaguedades del anuncio chocan frontalmente con la realidad de lo que desde el Ministerio se ha hecho en Andalucía. La política de vivienda del Gobierno de Sánchez acumula en la comunidad autónoma anuncios ambiciosos de ese mismo tenor y ejecuciones que no corresponden a las expectativas creadas lo más mínimo. Esta reciente promesa de una empresa pública de vivienda añade otra iniciativa a una larga lista de compromisos incumplidos, entre los que se incluye el anuncio, en primavera de 2023, antes de las elecciones municipales —casualmente—, de la construcción de nada menos que 183.000 viviendas para alquiler social o a precios asequibles, un plan que apenas ha avanzado según los datos oficiales disponibles. No hay rastro alguno de esos pisos y ahora se anuncia una empresa pública. El Gobierno central usa la vivienda como arma política y hace apropiación indebida de la gestión, pero, además, ni siquiera cumple con lo expuesto cuando está en campaña.

De estas viviendas prometidas, ninguna ha sido entregada hasta la fecha. Los proyectos que están en marcha no son fruto del impulso directo del Gobierno central, sino de las comunidades autónomas y del apoyo de los fondos europeos Next Generation. Además, organizaciones y representantes políticos denuncian que la vivienda se ha convertido en un arma política para el Ejecutivo, que se apropia de iniciativas que no le corresponden.

Uno de los casos más visibles es el de las 50.000 viviendas del citado 'banco malo', la Sareb, anunciadas para alquiler social específicamente. Sin embargo, éstas no están listas para su uso: 14.000 están ocupadas, 12.000 están sin terminar y 15.000 aún no se han construido. Tanto es así que finalmente, conocido el detalle, ya se sabe que no construirá vivienda sino que, en este apartado, lo que realmente hará el gabinete central es ofrecer los suelos o viviendas a los Ayuntamientos para que los compren y los destinen a ese uso. Sus propios aliados en el Gobierno (ERC) han pedido que se traspase gratis a las autonomías estas viviendas o los propios suelos para su gestión. En Andalucía, por ejemplo, únicamente hay 2.040 viviendas disponibles en la actualidad según los registros más recientes, la mayoría en zonas con baja demanda.

Otra promesa gubernamental, la de 20.000 viviendas sostenibles, basa toda su proyección en proyectos que dependen de los fondos europeos Next Generation y de la propia gestión de los gobiernos autonómicos por el aludido marco competencial existente. El ejecutivo de Madrid, en este apartado, se limitó a hacer suyo algo ajeno y no ejecutará ni financiará, ya que son proyectos de la UE cuyas convocatorias están impulsando los diferentes gobiernos autonómicos. En el caso de Andalucía, la Junta ha lanzado la convocatoria a través del Plan Ecovivienda y ha impulsado el desarrollo de más de 3.000 viviendas en alquiler energéticamente sostenibles, lo que subraya el protagonismo regional frente al papel del Ejecutivo central, que no ha avanzado un solo paso en este apartado de las viviendas ecosostenibles ahora tan en boga.

Además, el Gobierno que lidera Sánchez anunció 23.000 viviendas bajo un modelo de colaboración público-privada con préstamos del Instituto de Crédito Oficial, el ICO. Este proyecto fue presentado en varias ocasiones, incluso, y activado oficialmente en verano de 2023, pero aún no ha producido resultados concretos. No hay noticias al respecto.

En cuanto a las 35.900 viviendas proyectadas en terrenos del Sepes y el Ministerio de Defensa, el impacto en Andalucía es bastante limitado hasta el momento: solo el 10% del total de este paquete (3.460 viviendas). Además, muchas de estas iniciativas están en una fase muy preliminar y tienen pendiente un larguísimo recorrido burocrático y ejecutivo. El bombo y el platillo de la Administración central no se corresponde con la realidad, ni mucho menos.

A pesar de los datos, que son elocuentes, el Gobierno central defiende haber «movilizado» 81.000 viviendas, una cifra que presentó la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. Sin embargo, esta cifra no garantiza ni el inicio de obras ni avances reales en la ejecución de proyectos, lo que deja en evidencia un saldo insuficiente.

El anuncio de la nueva empresa pública de vivienda se interpreta por algunos sectores como una cortina de humo que intenta camuflar los resultados limitados de las políticas aplicadas hasta ahora en este sector, que en lo que respecta a Andalucía son ínfimos y no precisamente adecuados para presumir. El Gobierno disfraza su fracaso en materia de vivienda con último anuncio, informando que ya ha movilizado 81.000 viviendas. Pero esa afirmación, que hicieron en verano y que ha pronunciado recientemente la ministra de Vivienda no significa ni tan siquiera que se haya iniciado o estén en ejecución la obra.