Andalucía regulará por ley que las VPO se puedan vender en 10 años frente a la prohibición que pide el Gobierno a las autonomías

Este choque viene de lejos. De hecho, está presente desde que en 2023 el Gobierno central incorporó en la primera ley de vivienda estatal (hasta ahora se había regulado sólo dentro del ámbito autonómico, donde están las competencias) que no se podrían vender las VPO en un plazo máximo de 30 años desde su calificación.

Esta regulación fue recurrida al Tribunal Constitucional por la Junta de Andalucía alegando una invasión en las competencias autonómicas, argumento que fue admitido, lo que dio lugar a la anulación de todos los artículos en los que el Ministerio se refería a la vivienda protegida.

Sin embargo, en plena crisis política por la gestión de las políticas públicas de vivienda, la ministra Isabel Rodríguez reabrió el debate con un mensaje contundente. «La desclasificación de las viviendas protegidas hace que hoy no podamos contar con un parque público en el que se han invertido recursos públicos. Es un aprendizaje que debemos hacer del pasado. Es necesario blindar el parque público de viviendas para que sirva al interés general para siempre», apuntó durante su comparecencia en el Congreso.

El camino de la Junta de Andalucía es el opuesto. No sólo recurrió el artículo sino que la flexibilización de la venta de VPO es una de las medidas que se incluye dentro del articulado de su nueva ley de vivienda que se encuentra en estos momentos en pleno proceso de tramitación parlamentaria.

En este anteproyecto se establece que el plazo para autorizar la desclasificación de una vivienda protegida es de diez años desde la calificación definitiva. El mismo plazo que se recoge en el último plan andaluz de vivienda pero que ahora se blinda por ley con este articulado.

Junto a este desencuentro, el Gobierno central y la Junta de Andalucía discrepan en torno a la aplicación de las medidas de intervención sobre los precios de alquiler que establece la ley estatal de 2023 y que faculta a las comunidades a declarar zonas tensionadas. Esta medida, de momento, sólo se ha aplicado en Cataluña (y ahora se prepara en País Vasco), mientras que en el caso andaluz se rechaza por completo al considerarla un «intervencionismo» en el mercado.

Son asuntos que volverán a estar encima de la mesa esta semana en la nueva reunión de la Conferencia Sectorial de Vivienda, del Ministerio con todas las comunidades autónomas, en la que está previsto que se aborden los criterios para la nueva convocatoria del Bono Alquiler Joven. En esta ocasión, Andalucía cuenta con un presupuesto de 34,5 millones transferidos desde el Estado. No está previsto que se incremente con recursos propios.