El PSOE vendió 70 inmuebles de la Junta de Andalucía por 300 millones pero obligó a pagar 700 millones en alquileres

La mitad de los casi 60 millones que paga la Junta en alquileres es, en realidad, herencia que dejó el PSOE cuando gobernaba la Junta, indicó ayer la consejera Carolina España. En 2014 el Gobierno andaluz decidió vender 70 inmuebles por unos 300 millones de euros para llevar a los empleados públicos a edificios cuya renta hasta 2034, cuando acaban los contratos, habrán costado más de 700. Un «disparate», indican desde el Ejecutivo de Juanma Moreno.

Con esta operación del PSOE, «La Junta habrá pagado un 40 por ciento más de lo que recibió», añaden desde el Gobierno andaluz. «Y lo peor es que entonces los edificios tampoco serán suyos, habrá que seguir pagando», explican. Si no hay una solución, que pasa por el plan de racionalización de los alquileres que inició ayer su andadura.

Dentro de esa estrategia de ahorro no solo se van a revisar los alquileres y trasladar a parte de los funcionarios. Además, explicó ayer la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, el Gobierno andaluz quiere recuperar edificios infrautilizados, en semirruina o abandonados. Los que puedan recuperarse servirán, de hecho, para ubicar a los trabajadores públicos y ahorrar aún más en el pago de alquileres. Esta estrategia, además, se pretende que sea a coste cero para los ciudadanos puesto que se quiere financiar con la venta de inmuebles que no sean de utilidad para la Junta de Andalucía.

Este plan se pone en marcha, según detalló España, porque desde su departamento han detectado tres problemas con las sedes del Gobierno andaluz. El primero es el coste económico. Casi 60 millones de euros al año que pagan los andaluces, precio que, como todos los alquileres, se actualiza cada año y se encarece. En estos edificios trabajan hasta 30.000 de los empleados de la Junta, detalló la titular de Economía.

El segundo problema tiene que ver con la eficiencia de la administración. Porque, indican desde el Gobierno andaluz, con unas sedes más eficientes y agrupadas, los empleados públicos podrán dar un mejor servicio a los ciudadanos. Los andaluces, además, tendrán más fácil las gestiones burocráticas que han de realizar puesto que uno de los objetivos del plan es agrupar a los funcionarios que trabajan en las mismas áreas para facilitar su relación con el ciudadano.

El tercer problema que han detectado es que los propios empleados públicos desarrollan en algunos casos su actividad con más dificultades al no compartir espacio de trabajo con sus compañeros. De esta forma, indicó España, el plan de reordenación de sedes busca mejorar también las condiciones de trabajo de los funcionarios andaluces.

Los edificios a los que hace referencia el plan y que están alquilados en estos momentos son algunos tan representativos como la sede de la Consejería de Agricultura en Sevilla, el de Inclusión Social, también en la capital andaluza o delegaciones territoriales como la de Juan XIII en Málaga capital.