La Junta de Andalucía gasta casi 60 millones de euros al año en alquilar sedes pero tiene edificios libres

Según cálculos del Gobierno andaluz, esa estrategia de racionalización de oficinas va a costar más de 700 millones de euros de dinero público. A razón de casi 35 millones de euros desde 2014 y hasta 2024, es una sangría de fondos que el Ejecutivo de Juanma Moreno quiere parar. Además de acabar con ese gasto -cuando se terminen los contratos, dentro de una década-, España ha explicado que van a formular un plan para ir abandonando los edificios alquilados y mudar a los empleados públicos a oficinas que sean propiedad de la Junta. A los que ya tienen o a unos nuevos que se construyan.

Eso sí, indican desde la Junta, la idea es que la medida tenga un coste cero y se financie con inmuebles que se vayan vendiendo. El beneficio de esas transacciones servirá para remodelar edificaciones que son propiedad pública o levantar otros nuevos.

Con esto, ha explicado la consejera, los cambios de sedes pueden afectar hasta 30.000 empleados públicos. ¿Dónde irán? Pues algunos se quedarán en sus puestos actuales. Pero muchos tendrán que cambiar para unificar y hacer más racional la distribución de los recursos.

Con esto la Junta quiere por un lado mejorar las condiciones de trabajo de los funcionarios. Al tener más cerca a sus compañeros se ahorrarán procesos. Pero, además, esto tendrá un efecto beneficioso para el ciudadano, ha señalado España, quien cree que los andaluces podrán gestionar sus asuntos con la administración de forma más cómoda si los edificios públicos están más concentrados.

Hay una tercera ventaja del plan, ha señalado la titular de Economía: dar uso «a los inmuebles infrautilizados o en desuso, de los que ha asegurado que en muchos casos están abandonados o en estado semirruinoso».

Así, España, ha sostenido en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno que «en 2014 el anterior gobierno socialista enajenó 70 inmuebles, ingresó 300 millones de euros», y con la operación financiera sale&lease back (venta con alquiler posterior), propició que la Junta de Andalucía se vea pagando alquileres desde 2014 hasta 2034, que son 35 millones al año, por lo que España ha apuntado que «pagaremos algo más de 700 millones en alquileres y sin tener la propiedad de 70 inmuebles».

Según ha explicado el Gobierno andaluz por medio de una nota, la decisión de elaborar este plan de eficiencia y ahorro se produce tras detectar «tres graves problemas» que afectan a las sedes administrativas donde trabajan cerca de 30.000 empleados públicos.

La Junta de Andalucía ha apuntado que el principal problema es que muchas sedes se encuentran en edificios por los que la Junta de Andalucía paga un arrendamiento, con ese coste ya mencionado de casi 60 millones. En estas sedes desarrollan su trabajo prácticamente la mitad de los trabajadores de la Junta de Andalucía destinados a labores de carácter administrativo.

El segundo problema que menciona el Gobierno andaluz es la dispersión de las sedes administrativas de la Junta de Andalucía, a lo que suma en tercer lugar la falta de adecuación de muchos edificios para ejercer como sede administrativa y los servicios que deben prestarse.

La intención del Gobierno andaluz es poder presentar este plan después del verano, del que prevé que propiciará reducir el número de los edificios por los que la Junta paga un alquiler, su cuantía y buscar alternativas contra la dispersión de las sedes y su adecuación al servicio que prestan.

La pretensión de la Junta es la rehabilitación de edificios abandonados o infrautilizados, la construcción de nuevos edificios si fueran necesarios, y la enajenación o buscar fórmulas de explotación más adecuadas de los edificios que no reúnan condiciones para su uso administrativo.

La Junta explica además que el plan «contribuirá a los objetivos de la transición ecológica, dotar de mayor eficiencia a los edificios y a la mejora de los servicios y equipamientos de las ciudades».