El PSOE, que niega los ERE, compara ahora este fraude con los contratos de emergencia del PP en el SAS

Existe un «enorme paralelismo» entre ambas prácticas presuntamente corruptas en tanto que hubo un «incumplimiento absoluto de las normas sobre gestión y control» de los fondos públicos, detalla el escrito facilitado a ABC que firma el referido letrado (del bufete Constitución 23). Del Hoyo ejerce la acusación popular contra la Junta de Andalucía en nombre del grupo que preside Juan Espadas en el caso de los contratos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) bajo los gobiernos del PP.

Que el PSOE haya apelado a la doctrina establecida por la sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo del 14 de junio de 2023 que ratificó las condenas de inhabilitación y/o prisión impuestas a los ex altos cargos socialistas en el caso ERE no tendría, aparentemente, nada que objetar si no fuera porque encierra una chocante paradoja. El PSOE niega que exista fraude en el sistema de ayudas por el que fueron condenados a penas de inhabilitación y/o prisión los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Miembros de la dirección del PSOE andaluz aprovecharon las sentencias dictadas el pasado mes de julio por la mayoría progresista del Tribunal Constitucional (TC), que redujo las penas, para asegurar que el caso ERE fue una «gran mentira de la derecha» o un «montaje» para «llegar al poder», según las palabras empleadas por el propio Espadas y otros miembros de la Ejecutiva y diputados autonómicos como Ángeles Férriz, Mario Jiménez y Josele Aguilar.

No terminan ahí las paradojas. Alfonso Del Hoyo fue el abogado que defendió al exconsejero de Empleo Antonio Fernández García en el juicio de la llamada pieza política del caso ERE, por el que fue condenado a siete años y 11 meses de prisión por malversación y prevaricación continuada en noviembre de 2019.

Durante este proceso, este letrado negó que fueran delictivas las citadas ayudas a empresas en crisis repartidas de manera arbitraria por gobiernos del PSOE entre los años 2000 y 2009. El TC, presidido por el ex fiscal general Cándido Conde-Pumpido, le perdonó a Antonio Fernández parte de la malversación, lo que permitió que saliera de la prisión de El Puerto de Santa María (Cádiz).

En el escrito dirigido al juzgado que investiga los contratos de emergencia, ninguna mención se hace a la revisión del tribunal de garantías, que ha reducido de forma parcial las penas a la mayoría de exdirigentes socialistas, en el escrito presentado por el PSOE para solicitar al juez que amplíe la querella contra la actual directora gerente del SAS, Valle García Sánchez.

Esta acusación popular argumenta que la agencia pública que gestiona la red de hospitales y centros sanitarios en la comunidad autonóma «ha continuado ampliando el importe de la contratación de emergencia incluso durante el presente año 2024». Menciona hasta nueve encargos que se habrían formalizado cuando había decaído la cobertura legal que amparaba este tipo de adjudicaciones sin publicidad con motivo de la pandemia.

El magistrado ha citado en calidad de «querellados» a los exdirectores del SAS entre 2019 y 2023, Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas, y a la actual responsable, Valle García Sánchez, como pedía el PSOE. Para ampliar su denuncia contra la gestión sanitaria del Gobierno andaluz del PP, el abogado Alfonso Martínez del Hoyo recoge párrafos enteros de la sentencia del Tribunal Supremo en los que el juez ponente avala los delitos de prevaricación y malversación en el caso ERE.

Dicha sala «tiene establecido un rotundo criterio sobre la gravedad extrema que suponen los ilícitos penales concernientes a la transgresión de las normas del procedimiento administrativo, contexto jurídico en que han de analizarse» los contratos de emergencia del SAS. Extracta un párrafo de la resolución sobre el delito de prevaricación en el caso ERE que pone de manifiesto «los peligros de la arbitrariedad y la contradicción con el Derecho».

En segundo lugar, el letrado del PSOE menciona en su escrito uno de los párrafos más demoledores de la sentencia que ratificó las condenas por malversación, entre otros, a su cliente, el exconsejero Antonio Fernández. Así, recuerda que hubo una «clasificación presupuestaria ilegal» y que dicho cambio «no fue casual», sino que «se realizó para evitar la normativa de subvenciones y sus rígidos controles».

De este modo, «una vez aprobadas las partidas, se dispuso de los fondos públicos como si fueran privados, de forma libérrima y arbitraria». El Supremo concluye que hubo un «incumplimiento absoluto de las normas sobre gestión y control». Lo mismo, llega a decir este abogado, puede aplicarse a los contratos de emergencia.

Que el PSOE utilice como munición jurídica lo que califica como «doctrina» del caso ERE, aun después de la revisión del TC, no tiene nada de particular si no fuera porque este partido y el propio abogado que lo representa han esgrimido justo lo contrario para exculpar política o judicialmente a los ex altos cargos acusados en los ERE.

En su informe final presentado en el juicio contra Chaves y Griñán, el letrado Alfonso Martínez del Hoyo pidió la absolución de Antonio Fernández bajo el argumento de que todo fue un proceso 'fake'. El abogado recurrió a una cita periodística que aparece en la película 'La pícara soltera': «¿No irás a dejar que la verdad te estropee un buen reportaje?». Así señaló que «se ha intentado que la realidad no estropeara un buen proceso».

Las tesis de la instrucción y de las acusaciones se han ido «aireando a los cuatro vientos como si se tratara de una verdad judicial», dando por sentado que se estableció un sistema que permitía una «generalizada corrupción», expuso en el juicio. Todo partió, según dijo, de un «error mayúsculo» de la instrucción que fue no haber seguido «el rastro del dinero», sino que se ha seguido una finalidad pública o no en la concesión de las ayudas, pasando a entenderse que «todo el dinero se había malversado, sin importante que viniera, año tras año, en la ley presupuestaria» de la Junta.

Sin embargo, aún se están pagando ayudas a «6.300 trabajadores» prejubilados, alegaba. «No cabe entender esos pagos a la vez como legales e ilegales, las cosas son o no son», ironizó. Lo mismo cabe aplicarse al caso ERE. ¿Es un fraude comparable al del SAS o no? Las cosas son o no son, dependiendo del uso que se haga de ellas.