El exalcalde de Lebrija 'enchufado' en la Faffe alega que lo llevan a juicio por ser del PSOE

En la fase preliminar del proceso, dedicado a las cuestiones previas, el abogado del que fuera regidor socialista de Lebrija durante 24 años, Pablo Ollero, denunció que se ha vulnerado el derecho constitucional de su cliente a la «participación política», puesto que se ha abierto una causa contra él, entre otras razones, por acceder a un empleo público y pertenecer a un partido, en este caso, el PSOE.

Ello constituye, en su opinión, una «discriminación punitiva» o «trato desigual» con respecto a otros andaluces contratados en el sector público autonómico. Lo que subyace es que «cualquier militante de un partido debe tener más cuidado sin pretende acceder a un empleo público», precisó.

La defensa de Torres puso de manifiesto que «casualmente» sólo se han abierto piezas separadas contra el exconcejal de Cultura del Ayuntamiento de Jerez Francisco Camas, el exalcalde de la localidad sevillana de Montellano Francisco Aguilera y el exregidor lebrijano. El denominador común de todos es que tienen el carné socialista.

Durante la vista, el letrado Pablo Ollero recordó que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en un atestado entregado al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, apuntó a que la Faffe tenía en nómina a 200 familiares y conocidos de este partido y de sindicatos. Pero «no sabemos qué ha ocurrido con ellos». En cambio, el histórico alcalde ha padecido durante la instrucción una «pena de banquillo prolongadísima».

Antonio Torres García no acudía a su puesto de trabajo, que se denominó «de modo grandilocuente» Dirección de Relaciones Externas, ni pisaba oficina alguna, por lo que ningún compañero lo echó en falta durante los ocho años de actividad de la Faffe, según recoge el sumario del proceso.

La entidad, eso sí, le pagaba puntualmente una nómina de 46.750 euros al año como mando del organismo público, detalló el escrito de acusación de Anticorrupción. Al cabo de ocho años, ingresó 491.203 euros.

Durante la primera sesión del juicio, en la que también ejercen las acusaciones el Partido Popular y la Junta de Andalucía, el fiscal Fernando Soto argumentó que en la contratación «ilegal» de Torres concurren «perfiles y datos propios que lo hacen distinto de los miles de ciudadanos andaluces que trabajan» en las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía y que justifica el proceso penal. «El señor Torres estaba en su casa cobrando», advirtió el fiscal Fernando Soto. Hubo «una contratación ficticia y la percepción de emolumentos de manera fraudulenta, sin trabajar», reiteró.

«Los políticos deben cumplir los requisitos de acceso a la función pública», como el resto de ciudadanos, rebatió el representante del Ministerio Fiscal la supuesta discriminación punitiva alegada por el abogado de Torres. Ollero también planteó una vulneración del derecho de su cliente a la tutela judicial efectiva alegando que la división del caso Faffe en piezas separadas ha impedido «conocer la génesis de la instrucción y la causa última de su imputación».

Alfonso Cuéllar, que defiende al ex director general de la entidad autonómica, por su parte, denunció que la investigación policial y judicial sobre la supuesta contratación «arbitraria» de Torres es prospectiva e inquisitorial. «Se abre en canal la Faffe porque, aparentemente, hay un cúmulo de irregularidades y posibles delitos y hay que investigarla como sea» para «ver qué se encuentra» y sin respetar los derechos fundamentales de los acusados.

El letrado Alfonso Martínez Escribano, que ejerce la acusación popular en representación del PP, negó que la investigación fuera prospectiva y aseguró que lo que hay que dilucidar es si Torres fue contratado ilegalmente y si cobró por prestar algún servicio.

El exdirector de la Faffe, que ya fue condenado a prisión por los pagos en prostíbulos con dinero público, se enfrenta a una posible pena de cuatro años de prisión y diez de inhabilitación solicitada por la Fiscalía. El exregidor contratado está acusado como cooperador necesario de los delitos de prevaricación y malversación que pueden costarle una pena de dos años y medio de cárcel y cuatro de inhabilitación.

El tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla, presidido por el magistrado ponente José Manuel Holgado Merino, contestará a las supuestas vulneraciones de derechos cuando dicte la sentencia. Los acusados declararán al final del juicio, a mediados de octubre.