El PP reactiva la comisión de investigación de la Faffe y pide al Juzgado los atestados de la UCO

Esta decisión se acordó el martes en una breve sesión a puerta cerrada en la que estuvieron presentes los representantes del PP y Vox. Este organismo fijó como siguiente paso la petición al Juzgado del último atestado de la UCO que apunta a supuestas contrataciones a medida de familiares de personas vinculadas al PSOE. El objetivo del PP es analizar esa documentación y a partir de ese momento evaluar si se retoman las comparecencias que marcaron la última etapa de la anterior legislatura.

Desde el PP se apunta que los últimos trabajos de la comisión se centraban en los usos irregulares de la tarjeta de la Faffe mientras que los avances de investigación judicial abierta en estos momentos están reflejando nuevas conclusiones sobre las contrataciones que se realizaron en la fundación o en otras empresas vinculadas, lo que avala que se pueda abrir otra ronda de comparecencias ante la comisión en esta segunda parte de la legislatura.

La comisión de investigación de la Faffe está presente en la agenda parlamentaria desde 2018 cuando con el gobierno de Susana Díaz se aprobó su creación que se vio interrumpida por las elecciones. Después, en 2019 ya con el gobierno de Juanma Moreno se creó de nuevo con un largo listado de comparecientes. En 2023, a las puertas de las elecciones municipales y autonómicas se volvió a plantear su reanudación a través de una iniciativa del PP, aunque se volvió a detener.

El resultado de las investigaciones de la UCO y de la instrucción judicial ha llevado al PP-A a volver a poner encima de la mesa esta comisión, la única de investigación que sigue vigente en el Parlamento autonómico. Las últimas peticiones de crear otra, vinculada a los contratos del SAS, por parte de la oposición ha sido rechazada en varias ocasiones por el PP.

Este rechazo a la comisión de investigación sobre los contratos del SAS que están siendo investigadas por la Fiscalía Anticorrupción tras la querella formulada por el PSOE es una denuncia recurrente por parte de todos los grupos de la oposición. Ayer, durante el debate parlamentario que dio luz verde a la tramitación del presupuesto autonómico para 2025 volvió a protagonizar parte de la sesión.

El primero en introducir el tema fue Adelante Andalucía cuyo portavoz, José Ignacio García, denunció públicamente que la presidencia del Parlamento había decidido bloquear la pregunta por máxima actualidad sobre los contratos del SAS al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

Posteriormente, el PSOE-A, a través de su diputada Alicia Murillo, reclamó en el Parlamento que la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, diera explicaciones por los contratos de emergencia en investigación que suman más de 240 millones de euros y que se formalizaron entre 2021 y 2023. «Si están tan tranquilos, ¿por qué no aceptan una comisión de investigación para analizar todos los expedientes?»

«Es un escándalo Fake. Los contratos de emergencia son absolutamente legales y tienen informes a favor. Todas las denuncias que se están formulando acaban archivadas. Es una muestra de desesperación del PSOE-A porque tienen un grave problema de credibilidad, están nerviosos y quieren hacer méritos de cara al próximo Congreso Federal», les respondió la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España.