La Junta de Andalucía incide en que apenas tiene competencias para tomar medidas en relación con la situación del narcotráfico en el Campo de Gibraltar que derivó este pasado fin de semana en el asesinato de dos guardias civiles por parte de una narcolancha ... en Barbate. De ahí que no tenga encima de la mesa una estrategia como la que protagonizaron la entonces presidenta andaluza, Susana Díaz, y el exministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, en 2018, que derivó en un plan especial que incluyó medidas de distintos ámbitos, incluida la creación del grupo especializado de la Guardia Civil contra el narcotráfico que fue disuelto en 2022.
«Estamos siempre a favor de la colaboración institucional con el Gobierno de España y con cualquier otra administración pero las competencias de seguridad son del Estado y nuestra petición es que se apruebe la declaración de zona de especial singularidad en materia de seguridad para toda la provincia de Cádiz«, afirmó el portavoz del Gobierno. No obstante, desde la Junta de Andalucía subrayan que en las reuniones que se han promovido desde el Gobierno de España en torno a la situación del Estrecho no se ha convocado a la Administración autonómica.
Dónde si tiene competencias la Junta de Andalucía es el ámbito judicial. En este sentido, el consejero de Justicia y Administración Local, José Antonio Nieto, anunció refuerzos y mejoras en todas las sedes para facilitar «en el enjuiciamiento y la condena de quienes cometen delitos» y subrayó que dentro de los planes de inversión y refuerzos de personal se ha priorizado específicamente el Campo de Gibraltar.
«Se ha resuelto la situación del Juzgado de Barbate, ahora vamos a invertir 22 millones en la nueva sede judicial de Algeciras. Vamos a firmar un convenio para la nueva sede judicial de La línea, y estamos pendientes de la firma de un acuerdo con San Roque para la construcción del juzgado de esa localidad«, afirmó el consejero de Justicia.
En cuanto a personal, el consejero de Justicia subrayó que se han incorporando refuerzos en las cuatro sedes judiciales y que próximamente se ampliarán una vez que estén las nuevas instalaciones operativas. En esta línea, además, reclamó al Gobierno de España que autorice un nuevo juzgado medida que no se ha aceptado en los últimos cinco años.
Concretamente, en Barbate se han incorporado dos profesionales, en Algeciras cuatro profesionales; en La Línea cinco trabajadores; en San Roque una persona y en Cádiz un gestor y dos tramitadores.
El consejero, en cualquier caso, mostró su apoyo a la propuesta del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de que los casos de narcotráfico sean derivados a la Audiencia Nacional. «Es una propuesta razonable, que se debe estudiar pero que va bien enfocada», apuntó Nieto.
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