El pacto de Doñana deja en el aire el plazo de pago de los 100.000 euros por hectárea a los agricultores que retiren invernaderos

Lo que no está nada claro es cuándo van a tardar en cobrar el importe íntegro de las ayudas: si lo harán en el plazo de cinco años, como defiende la Junta de Andalucía, o tendrán que esperar una década, como indicó la también vicepresidenta tercera del Gobierno justo después de estampar su firma en el documento. Diez años fue el plazo que la ministra trasladó a cargos públicos del PSOE en la comarca del Condado de Huelva con los que se reunió en Almonte, según ha podido corroborar ABC.

Ante esta disparidad de plazos, fuentes de su ministerio aclararon este jueves a este periódico que su posición permanece invariable. El compromiso es el de abonar las ayudas de mayor cuantía durante una década, a razón de 10.000 euros por año, de los que 7.000 euros son financiados por el Gobierno central, 2.000 euros los pondrá la Junta de Andalucía y los 1.000 restantes salen de la Diputación de Huelva, donde se localizan las tierras del Condado de Huelva que iban a recibir el estatus de regables de haber salido adelante la proposición de ley del PP y Vox, una iniciativa que ha decaído tras la firma del acuerdo.

Salvado el primer escollo con un espíritu de consenso que ha primado en toda la negociación, vienen los matices y flecos. Todos esos detalles que encierra la letra pequeña y que no dejan de ser importantes para los principales interesados. El tiempo en el que esperan recibir los fondos es crucial. «Obviamente, no es lo mismo cobrar 7.000 euros durante diez años que en cinco. Un periodo tan largo resulta inviable porque muchos agricultores no pueden ir a un banco a pedir un aval en base a unas ayudas que van a tardar tanto tiempo en cobrar. Es muy probable que no les adelanten el dinero», aseguran fuentes cercanas a los afectados.

En las reuniones previas con responsables de la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado en vísperas del acuerdo, los días 23 y 24 de noviembre, los representantes del Gobierno andaluz pusieron de manifiesto que las ayudas para la «renaturalización de superficies dedicadas a la producción agrarias» se pagarían en la mitad de plazo que propone el Ministerio (cinco años), que es el que aporta el mayor montante de los fondos para las fincas que retornen al uso forestal.

De hecho, la asamblea general de la plataforma de afectados respaldó el domingo pasado la propuesta de acuerdo teniendo en cuenta este último plazo de abono. Este grupo de agricultores desconfía del Ejecutivo central y lamenta de que ningún responsable estatal se reunió con ellos cuando la negociación estaba encarrilada para trasladarle su postura en este asunto.

Desde la Junta de Andalucía, sin embargo, insistieron este jueves en que se alcanzó un acuerdo «interno» para acortar dicho periodo a un lustro y que tal compromiso se verá plasmado en las normas reguladoras de las ayudas que elaborará la Administración autonómica.

De momento, lo que recoge el documento oficial del Ministerio distribuido entre los medios de comunicación, denominado 'Marco de actuaciones para el desarrollo territorial sostenible del área de influencia del espacio natural Doñana', es que la citada ayuda «se calculará a tanto alzado y se concederá durante un período de 10 años, por un importe de 7.000 euros por hectárea». El resto hasta completar la cuantía de 10.000 euros por hectárea al año (3.000 euros) saldrá de las arcas de la Junta de Andalucía y la Diputación onubense.

La reversión al uso forestal deberá realizarse durante el primer año de concesión de las ayudas y antes del primer pago. El beneficiario puede solicitar un anticipo de la ayuda para poder llevar a cabo los trabajos de «renaturalización». El pago de la ayuda se realizará anualmente, previa comprobación de la autoridad competente, siempre y cuando se comprometan a mantener el uso forestal durante al menos 30 años, detalla el documento oficial de Transición Ecológica.

Aquellos agricultores que quieran destinar sus tierras agrícolas a cultivos de secano, como el olivar o la vid, pueden acogerse a una ayuda inferior del Ministerio, de hasta 2.500 euros por hectárea, que en este caso cobrarían en el plazo temporal de cinco años, con la condición de que mantengan dicho uso durante una década como mínimo. Si se decantan por la reconversión hacia producción ecológica recibirán 1.000 euros por hectárea durante cinco años. La Junta y las diputaciones no complementarán dichas ayudas.

Todos los agricultores con tierras localizadas en 14 municipios, y no sólo aquellos que están afectados por la proposición de ley de regadíos, podrán optar a estas ayudas cuando salgan en convocatoria pública. Para asesorarlos se pondrá en marcha una oficina técnica.

Los fondos llegarán también a los propietarios que tengan expedientes abiertos por extraer agua de pozos ilegales y también a aquellos que hayan sido objeto de sanciones administrativas o condenas judiciales por esquilmar el acuífero que nutre las lagunas y marismas del espacio natural. Eso sí, los expedientes abiertos seguirán su trámite. «Hay una amnistía con Doñana, no con el regadío ilegal», proclamó la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, cuando explicó el pacto a los medios de comunicación.