La guerra por el agua de Doñana en siete actos: de la política del barro a la paz sobre los regadíos

ABC analiza los principales hitos que han marcado la guerra por el agua del parque nacional hasta el acuerdo final, que constituye una rareza en medio de la polarización que embarra la política actual.

La guerra del agua en el entorno de Doñana se remonta al año 2014, cuando la Junta de Andalucía aprueba el Plan de Ordenación de la Corona Forestal al norte de Doñana, también conocido como Plan de la Fresa, que cerró el falso el debate sobre los regadíos en el entorno del Parque Nacional.

La norma dio el salvoconducto legal a 9.340 hectáreas en la comarca del Condado de Huelva, integrada por cinco municipios: Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado. Para entonces, el acuífero llevaba décadas vaciándose a toda mecha para regar explotaciones de fresas cuya modernización subvencionaba el Gobierno andaluz. Para determinar qué fincas se regularizaban y cuáles quedaban como ilegales, se tomo como referencia una fotografía aérea de los terrenos agrícolas captada en junio de 2004, diez años antes. Este criterio dio lugar a situaciones anómalas, como que en una misma finca de cultivo, una mitad fuera catalogada de regadío y la otra mitad como terreno forestal y, por tanto, inexplotable.

Decididos a enmendar este agravio, PP, Ciudadanos y Vox registran una proposición de ley para iniciar la tramitación de una ley que regulariza cultivos de frutos rojos que se habían quedado fuera de la norma de 2014. La iniciativa sale adelante en el Pleno del Parlamento con el voto a favor de los grupos proponentes y la inesperada abstención del PSOE, que cede ante la presión de alcaldes socialistas de los citados municipios y de algunos agricultores afectados a pocos meses de las elecciones autonómicas que el presidente andaluz, Juanma Moreno (PP), convocó antes de lo previsto, el 19 de junio de 2022.

La equidistancia del PSOE contrasta con el rechazo rotundo de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que pidió al mandatario regional que retirase una iniciativa «perjudicial» para un enclave que es Patrimonio de la Humanidad desde 1994.

Juanma Moreno se presenta a la reelección con un programa electoral que, entre otras medidas, apuesta por continuar con la tramitación del plan de reordenación de los regadíos del entorno de Doñana que tanta polvareda ha levantado. Los populares consiguen un vuelco histórico en las elecciones autonómicas, donde arrasan con una mayoría absoluta con 58 diputados. En Huelva, el espaldarazo se interpreta como un acicate para seguir adelante con su propuesta.

PP y Vox vuelven a la carga con una proposición de ley que pretende aplacar suspicacias al limitar la posible regularización de hectáreas agrícolas a un futuro uso de agua exclusivamente superficial. La última palabra la tendría la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), que da las autorizaciones y que ya avisó, con motivo de la iniciativa anterior, que no facilitaría ni una gota de agua, porque no la hay. La sequía ya empezaba a esquilmar los pantanos, mientras la Comisión Europea amenazaba con nuevas sanciones si el plan concebido se llevaba a cabo.

La Junta de Andalucía defiende que su plan para ampliar los regadíos regularizables en el entorno de Doñana, lejos de suponer una amenaza, blinda el espacio protegido porque los campos de fresa se regarían con agua superficial, lo que frenaría el expolio del acuífero. Pero esta expectativa no está en su mano. Faltan las infraestructuras necesarias para llevar el agua a la zona. En diciembre de 2018, el Gobierno de Sánchez declaró de interés general del Estado el proyecto del nuevo túnel de San Silvestre para trasvasar agua desde la cuenca de los ríos Tinto, Odiel y Piedras hasta los regadíos del Condado de Huelva. Las obras de esta infraestructura vital para reducir los pozos que secan Doñana no se adjudicaron hasta el pasado abril y aún no tiene fecha de inicio. En el mejor de los casos, no terminarán antes de 2026. Los 19,99 hectómetros cúbicos que se esperan trasvasar servirán para regar campos de fresa legales, en ningún caso para nuevos regadíos, aclara la CHG.

También está pendiente la presa de Alcolea, en Huelva, cuyos trabajos empezaron en 2012 y se frenaron en 2017. Así seguirán por tiempo indefinido porque el Gobierno quiere estudiar los metales pesados que las minas vierten al Odiel.

El paso de los días no hace más que ahondar en el diálogo de sordos del Gobierno y la Junta. Incapaces de llegar a un punto de entendimiento, se dedican a repartirse mutuamente las culpas por el inmovilismo. La vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, rechaza reunirse con la Junta de Andalucía mientras se siga tramitando el plan de regadíos, y el Ejecutivo andaluz se niega a renunciar a su plan. La batalla dialéctica se recrudece. A Moreno lo acusan de cometer un crimen ecológico, terrorismo medioambiental. Lo llaman señorito, gamberro o negacionista.

Sobre el terreno, la caricatura del Gobierno andaluz no cala entre los onubenses. Tampoco hay una amplia contestación social a raíz de las cartas amenazantes de la Comisión Europea, la comunidad científica o la Unesco hacia el proyecto autonómico.

Los comicios municipales del 28 de mayo pasado vuelven a inflar las velas de la reordenación autonómica. El PP pone una pica en el santuario socialista de la Diputación de Huelva, donde logra la Presidencia por primera vez. El PP gana en Lucena del Puerto y Rociana del Condado, donde obtiene mayoría para formar gobierno, mientras el PSOE mantiene su poder en los grandes Moguer, Rociana y Bonares. Almonte cae en manos de un ex alcalde socialista, Francisco Bella, ahora independiente.

Tras el verano, se produce un deshielo de las enconadas relaciones. Junta y Gobierno mantienen contactos discretos. Las conversaciones dan lugar a una tregua en la guerra del agua en el entorno de Doñana. Ribera llama a Moreno por teléfono y éste accede a aplazar el debate parlamentario de la ley programado para el pasado 10 de octubre.

El preacuerdo llega sobre la bocina y tras 21 meses de duro enfrentamiento. El 3 de octubre pasado se dan un mes de plazo -que se extiende durante tres semanas más- para pactar un plan dotado de 350 millones de euros para acometer proyectos sociales en la comarca de El Condado de Huelva y dar una alternativa económica a los agricultores de la zona donde se encuentran las tierras que la ley autonómica pretendía convertir de secano a regadío.

Gobierno y Junta anuncian en Almonte un acuerdo global que, en general, satisface a todas las partes. Se comprometen a facilitar hasta 100.000 euros por hectárea a los agricultores de Doñana que eliminen sus invernaderos en el entorno del parque, una especie de indemnización por cese de actividad que se distribuirá en forma de ayudas. A cambio, Andalucía retira la ley de regularización de regadíos.

El Ejecutivo central se congratula de salvar Doñana. La Junta de haber salido al rescate de centenares de familias que, de no haber sido por la propuesta de la derecha, se habían quedado sin ningún plan alternativo. Gana también Doñana, al reducir la presión sobre el acuífero que nutre las lagunas de esta importante reserva de la biosfera.

El 24 de junio de 2021, tras una denuncia presentada por la ONG ecologista WWF, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), dictó una sentencia en la que condenaba al Estado español por no haber puesto coto a las «extracciones desmesuradas de agua subterránea» que incumplen las Directivas Marco del Agua y Hábitats. La CHG extremó el control de los pozos ilegales en la zona a raíz de que PP, Vox y Ciudadanos empezaran a plantear una regularización de los regadíos. Atrás quedan veinte años de inacción.