Los opositores harán hasta seis meses de prácticas en la Junta de Andalucía para ser funcionarios

El 20 por ciento de los opositores que haya superado los ejercicios previstos en los procesos selectivos no pasará el corte y deberá volver a presentarse a un proceso selectivo para conseguir un puesto de trabajo público. La Administración autonómica pondrá a prueba a los opositores para que demuestren que son capaces de aplicar los conceptos aprendidos en el desempeño de sus tareas.

La norma autonómica enfila la recta final de su tramitación una vez que ha concluido el proceso de exposición pública abierto hace un año, en el que diversos colectivos formularon sus alegaciones. Los plazos burocráticos se han alargado más de lo previsto. La idea inicial que barajaba la Junta era convocar el pasado otoño los primeros procesos selectivos que incluyen este curso eliminatorio, para que los exámenes se celebraran en 2025. La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública estima que el decreto podría obtener el visto bueno del Consejo de Gobierno andaluz en el primer semestre de este año, pero aún no hay una fecha concreta, según indicaron fuentes de la consejería.

El proyecto ya ha sido informado por el Gabinete Jurídico de la Junta y la citada consejería está estudiando las observaciones que ha realizado. Éste es el penúltimo paso antes del envío del decreto al Consejo Consultivo andaluz para que emita su dictamen con carácter previo a su aprobación definitiva, según informó la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública a los sindicatos en la reunión de la junta de portavoces celebrada el pasado 13 de enero.

La nueva norma dedica un capítulo entero, el cuarto, a desarrollar cómo será ese período de prácticas o curso selectivo de formación que podrán incluir las convocatorias de procesos selectivos (oposiciones o concurso-oposición) para acceder a una plaza como funcionario de carrera. El cambio afecta a la Administración General de la Junta, que engloba a los 23.279 trabajadores de Función Pública adscritos a las consejerías, consejos y agencias administrativas, lo que coloquialmente se conoce como el funcionariado puro y duro, es decir, todos los empleados públicos que no pertenecen a los colectivos más numerosos (sanitarios, docentes y personal de Justicia).

Las convocatorias indicarán la duración total de dichas prácticas. El proyecto de decreto ofrece un plazo orientativo: «En los cuerpos del grupo A el periodo de prácticas tendrá una duración no superior a seis meses, y en el resto de los grupos tendrá una duración de tres meses». Los subinspectores de Hacienda ya realizan este tipo de prácticas.

«De no superar el proceso selectivo, las personas interesadas cesarán en su condición como personal funcionario en prácticas por resolución motivada del órgano competente en materia de Función Pública, con la pérdida de toda expectativa de ingreso nacida de la superación de la fase de oposición o concurso-oposición», advierte el proyecto de decreto.

El curso eliminatorio es el plato fuerte en la oleada de cambios que prepara la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta en sus procesos selectivos para rejuvenecer la plantilla de funcionarios.

La Junta de Andalucía planea ensayar el nuevo modelo con una convocatoria para cuatro cuerpos del grupo A (los funcionarios de mayor cualificación académica). Se estrenará en profesiones «emergentes» como las especialidades de Régimen Jurídico, de nueva creación, y de Ingeniería Informática, entre otros puestos.

Todos los procesos selectivos convocados a partir de la oferta de empleo público de 2022-2023 incorporan una reserva de 20% de plazas adicionales para cubrir futuras jubilaciones y vacantes con funcionarios en cada cuerpo y especialidad, en lugar de contratar a personal temporal. Esta medida, recogida en la Ley de Función Pública andaluza y el nuevo decreto, persigue mantener a raya la tasa de temporalidad en la Administración.

En paralelo, desde hace más de dos años, la Junta, como otras instituciones públicas, está llevando a cabo planes de estabilización de plazas ocupadas por interinos. La meta que se ha puesto la consejería que dirige José Antonio Nieto es que la tasa de temporalidad esté por debajo del 5%.