El 70% de las nuevas viviendas ilegales que se paralizan en Andalucía son casas prefabricadas
La Junta de Andalucía ha precintado 1.239 edificaciones irregulares en los últimos tres años, más de la mitad en el litoral gaditano
La Administración autonómica aplica mano dura contra el infractor tras décadas de desorden urbanístico
Las casas prefabricadas están de moda en la España del ladrillo y hormigón. Son unaalternativa más barata que las edificaciones convencionales —los precios oscilan entre los 3.000 y 20.000 euros— y rápidas de ejecutar con poca mano de obra —en ... unos tres meses están listas—. Suelen transportarse en un camión-grúa ya montadas e incluso amuebladas y solo necesitan una plancha de hormigón o pilotes para asentarse sobre el terreno. Todo parecen ventajas salvo por un detalle que suele pasar inadvertido: requieren una licencia de obras previa. Sin permiso, son tan ilegales como una edificación de cemento.
Sin embargo, sus cualidades la han convertido en la opción preferida por promotores poco escrupulosos con la legalidad urbanística que deciden tener una segunda residencia cerca de la playa para pasar el verano y fines de semana sin un solo trámite.
Su crecimiento ha sido exponencial en el litoral andaluz y, especialmente en el gaditano, donde solamente durante el año 2024 se levantaron 583 actas de inspección. El 70 por ciento de las obras ilegales que se precintan en la comunidad autónoma son casas prefabricadas instaladas en terrenos rústicos y fuera del planeamiento urbanístico, según el balance de actuaciones facilitado a ABC por la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía.
Su proliferación representa un problema porque precisan menos mano de obra y un tiempo más reducido de instalación
Del furor por las viviendas modulares pueden dar fe los agentes del Seprona, el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, y las autoridades municipales que realizan inspecciones periódicas sobre el terreno para detectar construcciones ilegales. Su proliferación representa un problema porque precisan menos mano de obra y tiempos de ejecución más reducidos que los de una casa convencional.
Durante 2024 las autoridades policiales pusieron precinto a un total de 497 obras irregulares para evitar que sus promotores continuaran los trabajos de instalación con total impunidad.
Dos de cada tres obras ilegales —332 en total— se paralizaron en la provincia de Cádiz: La Línea de la Concepción, Chiclana, Barbate, Sanlúcar de Barrameda y Paterna de Rivera. Núcleos costeros como El Palmar, en Vejer de la Frontera, paradisíaco destino de surferos y jipis en la década de los ochenta del siglo pasado, se ha convertido en un caótico archipiélago de casas ilegales, a menudo sin agua corriente ni saneamientos, que se erigieron de la noche a la mañana en terrenos rústicos que se han ido segregando y vendiendo a través de contratos privados.
Actuaciones contra viviendas ilegales en 2024
Actas de inspección
Expedientes sancionador
28
1
Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
68
583
40
4
16
0
Cádiz suma más actas que el resto de provincias juntas
Sevilla concentra el mayor número de expedientes sancionadores
12
0
5
1
22
0
114
118
Multas
11
Almería
Cádiz
28
17
Granada
13
Huelva
Málaga
3
2
Sevilla
Expedientes de protección
Expedientes de investigación
1
9
Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
100
146
21
12
31
13
Las cifras de Cádiz
vuelven a sumar más que resto de la Comunidad
20
4
0
2
2
30
1
27
Mapa de los precintos
35
Número total en la provincia y
municipios en los que se producen
1
95
Córdoba
4
Jaén
Huelva
Sevilla
Ibros
Cañete
Brenes
La Rambla
Bonares
Dos
Hermanas
Gergal
Moguer
Las Gabias
Tabernas
Alhama
Palos
Sanlúcar
Benahadux
Paterna de Rivera
Estepona
Granada
Almería
Chiclana
Málaga
Cádiz
4
11
Barbate
La Linea
26
332
Fuente: Consejería de Fomento, Articulación del
Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía
Gráfico: A. Montes / ABC SEVILLA
Actuaciones contra
viviendas ilegales en 2024
Actas de inspección
28
Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
583
40
16
Cádiz suma más actas que el resto de provincias juntas
12
5
22
118
Expedientes sancionador
1
Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
68
4
0
Sevilla concentra el mayor número de expedientes sancionadores
0
1
0
114
Expedientes de investigación
9
Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
146
12
31
20
2
30
27
Expedientes de protección
1
Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
100
21
13
Las cifras de Cádiz
vuelven a sumar más que resto de la Comunidad
4
0
2
1
Multas
Córdoba y Jaén no han tenido multas sancionadoras
28
17
13
11
3
2
Mapa de los precintos
Número total en la provincia y
municipios en los que se producen
35
1
95
Córdoba
4
Jaén
Huelva
Sevilla
Ibros
Cañete
Brenes
La Rambla
Bonares
Dos
Hermanas
Gergal
Moguer
Las Gabias
Tabernas
Alhama
Palos
Sanlúcar
Benahadux
Paterna de Rivera
Estepona
Granada
Almería
Chiclana
Málaga
Cádiz
4
11
Barbate
La Linea
26
332
Fuente: Consejería de Fomento, Articulación del
Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía
Gráfico: A. Montes / ABC SEVILLA
El auge de las viviendas industrializadas queda patente en el volumen de actuaciones que lleva a cabo la Junta junto con los ayuntamientos y fuerzas policiales para poner coto a este fenómeno. En 2022 se realizaron en Andalucía 375 precintos de obras ilegales, de las que el 57,3 por ciento respondía a esta tipología de propuestas habitacionales alternativas. Al año siguiente, ya sumaban el 69,8 por ciento de las 367 edificaciones. En total, se han paralizado 1.239 construcciones sin permiso en los últimos tres años.
Requieren licencia como las viviendas de ladrillo, e instalarlas sin ella en suelo rústico se castiga con penas de cárcel
Las casas prefabricadas requieren una licencia de obras previa. A efectos de la ley, son tan convencionales como las que se hacen con ladrillos. Su instalación clandestina constituye un delito contra la ordenación del territorio (artículo 319.2 del Código Penal) que los tribunales están condenando con castigos de entre uno y tres años de prisión.
La Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista), que entró en vigor en diciembre de 2021, prohíbe cualquier actuación que induzca a la formación de nuevos asentamientos. Una construcción en terrenos protegidos o preservados, en la zona de influencia del litoral, puede acarrear al promotor multas que van desde los 3.000 a los 29.999 euros dependiendo de la gravedad de la infracción.
La Junta de Andalucía declara la guerra a las viviendas ilegales
En los tres últimos años ha paralizado 1.240 infracciones graves en suelo rústico y ha incorporado drones y un software para detectar irregularidades
Desde la Consejería que tiene la competencia de la ordenación del territorio en la comunidad advierten de que existe un desconocimiento general sobre la legalidad de las casas prefabricadas, que «están sujetas a las mismas condiciones que una edificación tradicional», como la licencia urbanística, entre otros requisitos. Así lo estipula la Lista y el reglamento que desarrolla esta norma.
La ignorancia no exime del cumplimiento de la ley. Su instalación tampoco es inocua. Suelen descansar sobre bidones de hormigón semienterrados porque están concebidas para tener un uso permanente, aunque se trate de una segunda residencia. Precisan de arquetas para conectarse a un sistema de suministro o desagüe.
El Tribunal Supremo dictó una sentencia el 29 de noviembre de 2006 que ha marcado el camino al resto de jueces para perseguir estas obras. Estableció que «construcción», a efectos del delito urbanístico, es toda actividad de modificación sustancial del terreno realizada por el hombre con medios mecánicos.
Las empresas que comercializan e instalan casas prefabricadas están obligadas a pedir una copia de la licencia a su promotor
«No importa tanto el método constructivo empleado, con mayor o menor número de elementos prefabricados, con mayor o menor dificultad de desmontaje, como el efecto o resultado final producido y la vocación de permanencia en el ataque al bien jurídico protegido», aclara la resolución que sentó jurisprudencia. La norma autonómica exige a las empresas comercializadoras e instaladoras de casas de fábrica que soliciten al promotor una copia de la licencia como requisito previo para su colocación.
A finales de 2024, el departamento que dirige la consejera Rocío Díaz Jiménez les envió un comunicado para recordarles su obligación y a lo largo de este año tiene previsto realizar visitas de inspección, dentro del plan de actuaciones preventivas que desarrolla. Desde la Administración confían en que si las empresas del sector hacen sus deberes se reducirán las construcciones de este tipo que está detectando.
El problema radica en el boyante mercado de casas modulares de segunda mano que se ofertan a través de los portales de compraventa en internet. Las autoridades tienen más difícil ponerle puertas al campo de la instalación irregular cuando las adquisiciones se producen entre particulares.
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