María Jesús Montero deja en el aire dar a Andalucía los 4.000 millones que ella reclamaba al Gobierno del PP cuando era consejera

En la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que reunió este lunes al Gobierno y las comunidades, la consejera de Hacienda actual, Carolina España (PP), hurgó en las hemerotecas y los diarios de sesiones para recordarle a la hoy vicepresidenta primera del Gobierno, secretaria general del PSOE andaluz y candidata a la Presidencia de la Junta que había puesto cifra a la falta endémica de financiación andaluza en su etapa como consejera. Le preguntó directamente si pensaba cumplir el acuerdo que esgrimió contra el Gobierno de Mariano Rajoy (PP).

En su respuesta, María Jesús Montero dejó claro que ella no se sentía comprometida con un acuerdo que había emanado de una Cámara autonómica. Añadió que ahora es ministra de Hacienda por lo que no solo debe velar por los intereses de los andaluces sino por los de todos los españoles, según corroboraron distintas fuentes consultadas presentes en la reunión. En resumen, «no sabemos si va a dar cumplimiento a lo que ella misma aprobó», recapituló Carolina España ante los periodistas al término del CPFF celebrado en Madrid.

No fue la única vez que iban a recordar a Montero sus viejas reclamaciones. En la posterior rueda de prensa, el periodista de ABC Bruno Pérez le preguntó a la ministra si el acuerdo de 2018 seguía siendo una referencia válida a la hora de calcular los recursos que corresponderían a Andalucía con la revisión del modelo de financiación autonómica que quiere presentar entre enero y febrero próximos, según avanzó a los consejeros.

La ministra eludió contestar escudándose en que «hasta que no esté terminado el modelo completo no podemos dar cifras ni para un territorio ni para el conjunto» del país. «Vamos a hacerlo en su totalidad, de forma que uno pueda ver el resultado global para Extremadura, para Galicia, para Andalucía, para Cataluña, para Madrid, para el conjunto de comunidades autónomas», expuso la ministra.

La hemeroteca rebosa de pruebas en las que defendía otra cosa. En una conferencia en el Foro Fundación Cámaras de Comercio de Sevilla celebrada a finales de enero de 2018, cuando ni ella ni nadie imaginaba que iba a ser ministra seis meses después, Montero defendió que el punto de partida para abordar la reforma del sistema de financiación autonómica debe ser la estimación adecuada de las necesidades reales de gasto que permita recursos suficientes para los servicios públicos. Si se toma como referente el año 2014, a los servicios públicos esenciales le faltarían 16.000 millones de euros en el conjunto del Estado, una insuficiencia que cuantificó en 4.000 millones para Andalucía. Esta reivindicación se convirtió en un permanente caballo de batalla ante el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, antes de que prosperara la moción de censura que desalojó del poder a Mariano Rajoy (PP).

Han pasado siete años y medio desde que Pedro Sánchez entregó a la política sevillana, médica de profesión, la llave de la caja de Hacienda, pero el modelo que lesionaba a su comunidad no ha cambiado.

Entre tanto, el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña han acordado sentar las bases de un modelo de financiación singular para Cataluña, similar al de otras comunidades forales como País Vasco y Navarra, en el que la Hacienda catalana recaudaría todos los impuestos, incluido el IRPF y haría una aportación limitada al fondo de nivelación interterritorial para garantizar un mínimo de solidaridad común.

La vicepresidenta se ha mostrado también partidaria de poner freno a las rebajas fiscales de determinadas comunidades que como Andalucía han usado su margen de competencia para reducir los impuestos sobre sucesiones y donaciones, el tramo autonómico del IRPF o el de transmisiones patrimoniales. «Soy partidaria de que se contemplen estos desincentivos, pero es algo que tenemos que discutir con las comunidades», avanzó Montero.

En la reunión del CPFF, Montero volvió a hacer guiños a Cataluña, gobernada desde agosto de 2024 con un gobierno en minoría del socialista Salvador Illa, al afirmar que el nuevo sistema de reparto de los fondos del Estado no impedirá tener en cuenta «singularidades o particularidades territoriales».

Al Gobierno andaluz de Juanma Moreno le escaman las «prisas» por reformar el sistema de financiación autonómica, que lleva más de una década pendiente y que ha ido postergando con el argumento de que las comunidades autónomas del Partido Popular no se ponían «de acuerdo», advirtió a los periodistas la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, al término de la reunión. Como el resto de homólogos del PP, sospecha que actúa al dictado de las exigencias de los partidos independentistas a los que ha prometido una financiación singular para Cataluña que aún no se ha concretado sobre el papel.

«Esa singularidad, la bilateralidad, es incompatible con la multilateralidad, y si los independentistas están contentos, como han dicho, con esas negociaciones, esto quiere decir que vuelve a perder Andalucía», manifestó la consejera andaluza, para quien Montero «vuelve a reírse de los andaluces».

La historia del acuerdo de financiación vigente que pactó el presidente José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) con ERC en 2009 se repite pero con otros actores. Andalucía tiene motivos para andar resabiada porque dicho pacto resultó perjudicial para sus intereses. «Con ese sistema de financiación, Andalucía pierde 1.528 millones de euros cada año», se quejó Carolina España. «Lamentamos que una vez más los independentistas, que son los que se quieren ir de este país, sean los que están negociando el modelo que se le va a obligar, que se va a implantar e imponer al resto de territorio de España», sentenció la consejera.