Manos Limpias pide elevar al Tribunal Europeo la revisión del caso ERE por los «vínculos» con el PSOE de cinco jueces del TC

En su escrito de alegaciones facilitado a ABC, el sindicato se centra en la interpretación y el fallo respecto a la exconsejera andaluza de Hacienda y exministra Magdalena Álvarez que ha aprobado la mayoría progresista de magistrados que controla el TC. Manos Limpias denuncia que dicho órgano de garantías «no es ni independiente ni imparcial» puesto que cinco de los jueces tiene «vínculos directos» con el PSOE, el mismo partido al que pertenecen los políticos exonerados, y «no cumple con el canon del Estado de Derecho de la UE».

La organización que preside Miguel Bernad mueve ficha para que no se apliquen las sentencias dictadas por el órgano de garantías que ordenaban a la Audiencia de Sevilla que emitiera nuevas resoluciones reduciendo sustancialmente las penas de inhabilitación y prisión que impuso a diez de los políticos que recurrieron los fallos, entre ellos Magdalena Álvarez Arza. Cuatro magistrados del ala conservadora en el TC votaron en contra del borrado de delitos y advirtieron de que incumple los compromisos internacionales adquiridos en la lucha contra la corrupción, así como las exigencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea al generar un riesgo sistémico de impunidad.

Alineándose con los magistrados discrepantes del TC, la acusación popular ejercida por Manos Limpias ha pedido, a través de la Audiencia de Sevilla, que suspenda la revisión de la pieza política de esta macrocausa penal hasta que el TJUE se pronuncie sobre este asunto. De este modo, trata de frenar la anulación de la condena dictada por la Audiencia de Sevilla y ratificada por el Tribunal Supremo a Álvarez y a nueve ex altos cargos más.

Así, el sindicato denuncia que el TC genera «un riesgo de impunidad respecto a los afectados» y proyecta «una imagen de ausencia de persecución de la corrupción en España y de protección asimétrica de los intereses financieros de la Unión entre estados miembros» .

El Tribunal Constitucional declaró que se había vulnerado el derecho a la legalidad penal con la sentencia dictada contra Álvarez y otros condenados que obtuvieron por ello un amparo parcial. El TC ha ordenado retrotraer las actuaciones a la Audiencia Provincial de Sevilla para que dicte un nuevo fallo respetuoso con los derechos fundamentales infringidos. Aplicando este criterio, el TC también estimó parcialmente los recursos presentados por los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, entre otros, amparándose en un quebranto de sus derechos a la presunción de inocencia y a la legalidad penal.

En su escrito de alegaciones, Manos Limpias esgrime que la revisión de la sentencia, que reduce el delito continuado de prevaricación por el que Álvarez fue inhabilitada en firme durante nueve años, resulta «totalmente contrario al canon de protección efectiva y disuasoria de los intereses financieros de la Unión Europea en la lucha contra la corrupción y al estándar homologado y armonizado de tutela de los derechos fundamentales de la UE estipulado por el TJUE».

El sindicato personado en la causa de los ERE hace constar que «nueve de los magistrados» que dictaron la referida sentencia «tenían una vinculación con el Legislativo y del Ejecutivo español». Cinco de los jueces presentan, a su vez, «vínculos directos con el PSOE», partido al que pertenecían «muchos de los condenados, entre ellos la señora Álvarez Arza», especifica la representación legal de Manos Limpias. En consecuencia, con esta sentencia «no cumplía el TC las garantías de independencia e imparcialidad exigidas por el Estado de Derecho en su artículo 2 del Tratado de la Unión Europea».

Los cinco jueces relacionados con el PSOE que cita en su escrito el sindicato son el exfiscal general del Estado y presidente del Pleno del TC, Cándido Conde-Pumpido; el exministro de Justicia y ex alto cargo en el Gobierno de Manuel Chaves, Juan Carlos Campo; la ex alto cargo de Moncloa Laura Díez Bueso; la vicepresidenta del tribunal, Inmaculada Montalbán, y la magistrada María Luisa Balaguer. Montalbán, ponente de las sentencias, intervino en la resolución de ayudas del caso ERE en la Justicia ordinaria, mientras que Balaguer fue miembro del Consejo Consultivo andaluz y en su etapa emitió dictámenes sobre las ayudas irregulares concedidas por la Junta de Andalucía entre 2000 y 2009. El PP recusó a estas dos últimas pero su incidente de nulidad fue rechazado de manera unánime por el TC al considerar que se había presentado de manera extemporánea.

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Todos ellos son magistrados progresistas, eligidos a propuesta del PSOE, que han planteado eliminar totalmente la condena por malversación al expresidente de la Junta de Andalucía Jose Antonio Griñán, que estaba sancionada con seis años de prisión, y reducir considerablemente la pena de inhabilitación a su antecesor en el cargo, Manuel Chaves.

Asegura el sindicato que fallos como el del TC en el caso ERE genera . Por esta razón, solicita a la Audiencia Provincial de Sevilla que, plantee la cuestión prejudicial europea para no aplicar la sentencia del Tribunal Constitucional.