Vecinos de Málaga, en contra de la instalación de un centro de menores infractores

«Sería el único centro en Andalucía en un entorno semejante. Y es para toda la provincia de Málaga. Cuesta trabajo creer que la Junta no haya encontrado otro mejor. Mismamente, en el centro que tiene en Torremolinos y que cerró sin explicaciones«, explica Alejandro Vedía, presidente de la comunidad de propietarios.

Los vecinos informan de que en el propio Informe Técnico de Valoración del concurso, en su apartado 6.1 Recursos materiales, asigna solo 0,75 puntos sobre 3 posibles a la propuesta de Meridianos S.L, señalando expresamente «contradicciones entre lo indicado en la memoria y en los planos«, así como la «falta de correspondencia entre los espacios ofertados y los exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas», y una «planificación funcional inadecuada de las zonas de control y supervisión».

También centran sus críticas en el Ayuntamiento de Málaga, que ha permitido unas obras que, en su opinión, exceden lo que se puede permitir con una tramitación con declaración responsable. Precisamente el pasado miércoles, un inspector de la Gerencia de Urbanismo, acompañado de un coche de la policía local, visitó las instalaciones para comprobar si se cumplía con el proyecto presentado por declaración responsable, según vecinos que lo vieron. Ese mismo día, un enorme camión cargado de vigas no había pedido permiso para parar el tráfico en la urbanización. «Lo quieren hacer a toda prisa. El día 1 estaban talando árboles», añadió el presidente de la urbanización.

El 24 de abril, la Junta de Andalucía adjudicó el contrato a Meridianos para llevar este equipamiento del que carecía la provincia, desde que cerrara el de Torremolinos. Desde esa fecha, la adjudicataria tiene 15 días hábiles para presentar la documentación que acredite ante la Junta de Andalucía que cuenta con todos los permisos, licencia de apertura incluida. En el nuevo CIMI, que gestionará Meridianos y no directamente la Junta de Andalucía, como es tendencia creciente en este tipo de centros, irán 50 menores en régimen de internamiento y también habrá otros que acudan los fines de semana, además de otros que se sometan a tratamiento de adicciones.

«La elección de una antigua residencia de monjas retiradas de La Asunción, en un núcleo residencial, nos parece un atropello a los vecinos de Churriana. La adjudicataria empezó las obras antes de la adjudicación, el Ayuntamiento está permitiendo unas obras con declaración responsable que incluyen apertura de huecos en fachada y tala de árboles y ha habido cero participación ciudadana en este proceso, los vecinos nos enteramos por la prensa», explicó Alejandro Vedía, presidente de la comunidad de propietarios de El Olivar, una urbanización exclusivamente residencial.

«En Torremolinos está el antiguo CIMI, gestionado por la Junta, que se cerró sin explicaciones. ¿Por qué tienen que abrirlo en un entorno que no está preparado? Las calles son calles de viviendas unifamiliares, que no pueden acoger ni el tráfico ni el aparcamiento para 80 trabajadores que irán allí, incluidos los de seguridad», añadió.

«Vamos a estar muy pendientes de todos los aspectos legales de este proceso y ya estamos en manos de abogados. Ha habido una adjudicación que no ha tenido en cuenta las características de un edificio para un servicio que se ha adjudicado en 23 millones de euros por cuatro años. Se va a alquilar, según el concurso, por 1.400.000 euros a un tercero. ¿De verdad que la Junta de Andalucía no puede planificar mejor sus recursos?», se preguntó.

«Si la Junta sabe que necesita un centro así en cada provincia, que exija a los ayuntamientos que pinten esos equipamientos en sus planes generales pero no es de recibo que a toda prisa lo abran en un entorno en el que los vecinos jamás imaginamos que íbamos a tener un equipamiento de estas características. Estamos muy a favor de la labor que se realizan en los CIMIS y de reinsertar a esos menores que han cometido delitos como robos con violencia, homicidios o intentos y abusos sexuales graves, que son los que van a internamiento, pero nos parece increíble que en toda la provincia de Málaga no haya un sitio mejor acondicionado que el elegido. En el resto de provincias no están en urbanizaciones», añadió Vedía.

La comunidad de propietarios ha mandado un escrito a la delegación de Justicia de la Junta en Málaga, de quien va a depender el centro, pidiendo que se acuerde la no formalización del contrato, en base a lo previsto en el artículo 152.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), que establece: «El órgano de contratación podrá, siempre antes de proceder a la formalización, decidir no adjudicar o celebrar el contrato por razones de interés público debidamente justificadas en el expediente, o desistir del procedimiento de adjudicación en caso de haberse producido una infracción no subsanable de las normas«.

Los vecinos alegan que «no puede ejecutarse un contrato público sobre una actividad no autorizada urbanísticamente, basándose únicamente en una Declaración Responsable». Los vecinos se quejan de que la valla que está planteada en el perímetro del centro no reúne los requisitos adecuados para un edificio donde hay menores sancionados con penas privativas de su libertad. «Este tipo de estructura no ofrece garantías de resistencia, ni condiciones de contención, ni protección del entorno, como las que requiere un centro de internamiento con privación de libertad, donde deben prevenirse fugas, agresiones desde el exterior, y garantizarse un control visual y físico del perímetro». De hecho, el cierre del centro de Torremolinos es mucho más alto y sólido que el planteado en El Olivar, con unas vallas metálicas.

A esta carencia se suma la total ausencia de plazas de aparcamiento habilitadas, accesibles y reguladas para el volumen de personal y logística que exige un centro de estas características, explican los vecinos en el escrito a la Junta.

«Según el propio Pliego de Prescripciones Técnicas y la experiencia acumulada en la gestión de CIMI, un centro con más de 70 trabajadores, visitas judiciales, traslados asistenciales y operativa logística diaria requiere una dotación mínima de aparcamientos funcionales para evitar colapsos, riesgos y afecciones al entorno urbano inmediato. En el inmueble propuesto no existen plazas señalizadas, ni zonas de acceso independiente, ni área de carga y descarga, lo cual supone una vulneración directa de los estándares técnicos y urbanísticos. Esta carencia, al igual que la falta de cerramiento adecuado, no puede resolverse mediante una declaración responsable ni con actuaciones improvisadas, y constituye un obstáculo estructural para la legalización del uso como centro institucional cerrado«.

Y es que los vecinos también destinan sus quejas al Ayuntamiento de Málaga, del que critican que haya admitido una declaración responsable que claramente excede para lo que están pensadas este tipo de licencias.

Los vecinos anunciaron ayer que se seguirán movilizando tanto en la calle como en los tribunales. «Pagamos impuestos para que las administraciones gestionen y planifiquen bien sus recursos. No puede ser que se improvise de esta manera, en una ubicación no apta», añadió Vedia.