Rafael Catalá: «La jornada laboral tiene flexibilidad respetando los derechos básicos»

La Junta de Andalucía ha planteado una adaptación de la jornada laboral de los funcionarios, después de que el Tribunal Constitucional tumbara la aplicación de las 35 horas impuesta por Andalucía en contra del Gobierno de España. El Ejecutivo recurrió la aplicación y la sentencia ha dado al traste con las aspiraciones del socialismo andaluz, algo que abaló el propio ministro de Justicia. «Es una sentencia para garantizar la igualdad de derechos . La igualdad de todos los españoles es un valor de nuestro modelo de convivencia y debe ser común en toda España», ha remarcado Catalá, que señala que «la jornada laboral no es competencia de una Comunidad Autónoma ».

Es el Gobierno el que debe decidir sobre cuántas horas trabajan los funcionarios en el país o cuánto deben cobrar. «Me consta que el Ministerio de Hacienda incluye los aspectos salariales y jornadas», ha precisado Rafael Catalá, que pide a la Junta de Andalucía «acatamiento y respeto» a la decisión del Tribunal como la jornada de los funcionarios «debe ser común para todos». A lo dictado se le pueden hacer matizaciones «de carácter operativo». «Cada servidor público tiene unas características dependiendo de su profesión y la organización del trabajo es propia de los sectores», ha concluido el ministro.

La polémica también fue abordada por el presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, quien aseguró que no quiere «decisiones a la carrera que lleven a una chapuza que acabe en litigio y que se vuelva a perder». Moreno explicó que las organizaciones sindicales son las que tienen que analizarlo. «Si quieren buscar una solución, que sea acorde a la legalidad», ha espetado a la Junta de Andalucía, a la que recuerda que los populares ya advirtieron que «no se podía jugar con los funcionarios». «Era evidente que el Tribunal Constitucional iba a sentenciar de manera desfavorable, como lo había hecho con el gobierno de País Vasco y Castilla la Mancha », ha asegurado Moreno, que lamenta que la administración regional prefiera la confrontación con el Gobierno para sacar rédito político».

El PP andaluz llamó a Susana Díaz a que dote de seguridad jurídica al colectivo de 250.000 funcionarios que tiene la administración. «Los quiere usar como elemento electoral, hay que protegerlos para que desarrollen su función de la mejor forma posible», ha reseñado Moreno que pide que a la Junta que se siente en la Mesa de Función Pública. «Para llegar a un acuerdo hay que mostrar voluntad, cosa que no ha hecho el gobierno de Andalucía», ha abundado el presidente del PP andaluz, para pedir un diálogo con el Gobierno de España porque «tiene la competencia en esta materia».