La denuncia de mordidas e investigaciones policiales «a capricho» marca el arranque del juicio del Scándalo

Definiendo el prostíbulo como «un hotel», los abogados defendieron el archivo de las actuaciones esgrimiendo supuestos chantajes. «Mi cliente está imputado porque se negó a firmar una testifical falsa», relató otro de los letrados, que remarcó ante la magistrada que el caso estaba montado por un grupo policial que «perseguía suntuosas mordidas» . «Son víctimas de la Policía», abundó el mismo letrado sobre los procesados, a los que la Fiscalía les pide un total de casi 4.000 años de prisión por la comisión de los presuntos delitos de asociación ilícita, contra la salud pública y contra los derechos de los trabajadores.

El juicio ha comenzado con las cuestiones previas, antes de que comience la vista oral, y donde se ha pedido anular el procedimiento para «ahorrar muchos días de juicios y el sufrimiento de más de una década a una serie de personas sentadas en el banquillo de los acusados». En el banquillo insistieron en que había sentadas «limpiadoras, porteros o arrendadores» y no gestores de una red de proxenetismo que tenía subyugadas a las mujeres en clubes de alterne de Málaga, Córdoba y Torremolinos. 

Los letrados remarcaron que la actuación policial no fue la correcta y defendieron que se han vulnerado derechos fundamentales de sus patrocinados, la tutela efectiva y todas las garantías. Los abogados defensores explicaron ante el tribunal que el juicio «parte de una nulidad que, si no es declarada, será estimada en otras instancias porque el capricho policial ha dicho el Supremo que no se permite». «Un actuar malicioso de la Policía, que no se sometió a las directrices de Fiscalía y el Juzgado», narró uno de los letrados al decir que se «ocultó la existencia de un procedimiento judicial sobreseído por otro juzgado» , pese a que había petición expresa de que se les mantuviera al corriente, para poder explotar la operación en otro juzgado.

Incidieron en que las chicas que declararon como testigos protegidos no lo hicieron «voluntariamente» , como dice la Policía, sino que fue bajo denuncia y que algunas acabaron en centros de inmigrantes. «Son demoledores todos los derechos que se han vulnerado», afirmaron reprochando una supuesta «ocultación de información» a las autoridades judiciales que, días antes de explotar la operación policial contra los clubes de alterne, archivaron las actuaciones por las que se abre el proceso. Las defensas acusaron al grupo de investigadores de la Policía Nacional de h aber buscado un «juzgado a medida» en Córdoba para llevar a cabo la operación que acabó con los gestores del Scándalo detenidos.

En su alegato inicial también trataron de despejar las dudas sobre un supuesto delito de tráfico de drogas, ya que había sido archivado por otro juzgado al no acreditar que todas las papelinas encontradas en el local durante la redada fueran de una misma procedencia. «La droga encontrada no provenía de la misma fuente» , añadió uno de los abogados que tomaron la palabra.

Las defensas esgrimen que los clubes eran hoteles y que el supuesto cabecilla de la trama era un mero «arrendatario» de las habitaciones. «Sólo era propietario de las paredes» , dijo su abogado defensor. Todos los letrados mantuvieron la petición de la nulidad de las actuaciones por vulneración del derecho al juez predeterminado por la ley, el derecho a la presunción de inocencia y la vulneración del derecho a todas las garantías. Incluso llegaron a definir a la Fiscalía y al tribunal como víctimas de un engaño del grupo de investigadores.

Esto se contradice con la versión de la Fiscalía de Málaga, que señala que había una estructura jerárquica en la organización entre 1995 y 2009 para explotar sexualmente a mujeres en jornadas de hasta 12 horas diarias con un beneficio de 18 millones de euros oculto con sociedades interpuestas. Según la calificación fiscal, las mujeres tenían «una relación absoluta de subordinación» y carecían de libertad en cuanto a la forma y condiciones en las que ejercían la prostitución.

Eran sancionadas económicamente e incluso expulsadas del club en el caso de no cumplir las normas y directrices marcadas por sus responsables. La Fiscalía explicó que los gestores del Scándalo utilizaban un sistema de rotación de las mujeres entre los clubes en Málaga y Córdoba.