El agua que el AVE se llevó: Valle de Abdalajís, dos décadas pendiente de una tubería

El 21 de mayo la Audiencia Nacional concluyó que ADIF «ha cumplido con creces» sus compromisos y que la responsabilidad última del abastecimiento es municipal. La sentencia avala el fin de los envíos con cargo a ADIF y no impone nuevas obras (como la prometida tubería para llevar el agua potable desde Antequera al Valle de Abdalajís). La alcaldesa Virginia Romero (PP) confirma el recurso: «no podemos vivir de camiones para siempre; necesitamos una solución definitiva que garantice un caudal estable y apto para consumo».

El actual pulso legal tiene un precedente revelador: el 1 de febrero de 2021 ADIF comunicó al Ayuntamiento que interrumpía el suministro de cubas, y a los pocos días la Audiencia Nacional dictó medidas cautelarísimas obligando a reanudar los envíos por tratarse de un servicio esencial; en octubre de 2021 la AN ratificó mantener las cautelares mientras se tramitaba el pleito. Aquella medida provisional mantuvo las cisternas hasta la sentencia de 2025.

La rotura del 23 de marzo de 2005 transformó en minutos el histórico acuífero kárstico de la Sierra de Huma en una laguna interna dentro del túnel. Aquel mismo verano, cuatro cisternas diarias comenzaron a circular desde Antequera: 400.000 l para un municipio acostumbrado a beber de sus propias fuentes. El Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero destinó 42,6 M€ a impermeabilizar la galería y prometió restituir 13 l/s mediante pozos alternativos, pero los sondeos nunca superaron los 5 l/s constantes y dos captaciones clave fueron frenadas por la Junta socialista por impacto ambiental.

«Llevamos veinte años cargando garrafas, dice José Romero, exalcalde de IU y portavoz de la Plataforma Pro-Manantiales; es de vergüenza que en la España de 2025 un pueblo dependa de cisternas pagadas con impuestos de todos». Romero recuerda que los técnicos de Fomento sabían ya en 1999 que el túnel drenaría el acuífero y que el estudio preveía abastecer al valle «de modo alternativo» si el impacto era «severo».

Los números alimentan la indignación. Según la propia ADIF, desde 2005 ha invertido más de 40 millones de euros en sondeos, depósitos y logística de camiones. El caso está considerado el suministro de agua más caro de España, según datos del Instituto de Estadística de la Junta de Andalucía. Solo el transporte de agua cuesta alrededor de 1 millón de euros al año, «inasumible» para el presupuesto municipal si la empresa pública deja de pagarlo, admite Romero. «Sin cisternas el pueblo muere», concede la actual alcaldesa.

Mientras tanto, el acuífero sigue sangrando: el 22 de julio una filtración reventó parte del revestimiento y anegó 300 m de vía, obligando a ralentizar los trenes y demostrando que la sierra mantiene presión hidrostática. Técnicos de ADIF ahora refuerzan de nuevo el túnel, lo que ha paralizado una línea del túnel del AVE en pleno verano.

Ya en 2022, ADIF había adjudicado un contrato de 0,9 millones de euros para auscultar la estanqueidad de los túneles: se instalaron sensores de presión y se tomaron testigos de hormigón con la orden de emitir un informe anual sobre posibles vías de agua. El primer dictamen, elevado en marzo de 2024, advertía de «riesgo moderado‐alto de filtraciones localizadas» e instaba a reforzar el revestimiento «antes del verano de 2025». La recomendación quedó sin ejecutar por falta de consignación presupuestaria y, apenas un año después, la sierra respondió con la inundación que ralentizó el AVE y devolvió el caso a los titulares.

Ante la sequía de captaciones, los hidrogeólogos proponen potabilizar el caudal que sigue brotando del túnel: entre 6 y 8 l/s constantes que hoy se vierten a riego. Un módulo compacto de filtrado y desinfección costaría algo menos de 3 M€, diez veces menos que lo gastado ya en cisternas. ADIF se muestra dispuesta a ceder el agua «llave en mano», pero exige que el Ayuntamiento y la Junta asuman la operación y los análisis sanitarios.

Ni los dos sondeos entregados por ADIF ni la pequeña depuradora municipal alcanzan para cubrir el consumo estival. «Tenemos una conducción que baja agua del túnel pero es solo para riego y contiene componentes químicos que Sanidad no acepta para beber» explica la regidora. En estos momentos, en la negociación entre el Ayuntamiento del Valle de Abdalajís, y ADIF, se estudia la opción de potabilizar ese caudal, aunque aún se desconoce aún el coste de este servicio, y quién lo asumiría.

La Junta de Andalucía, gobernada por el PP, ha financiado desde 2021 la mejora de dos pozos locales y ha ofrecido conectar el Valle a la red de Antequera, una obra de apenas 15 km, pero necesita la participación de ADIF como parte responsable de la inversión. Desde Sevilla se subraya que «las políticas de agua son absolutamente prioritarias» y se recuerda que la Junta movilizará 2.000 M€ en infraestructuras hídricas hasta 2025, 150 M€ ya ejecutados en Málaga.

La incertidumbre ahoga también a la hostelería. Francisco Huerta, propietario de uno de los restaurantes emblemáticos del valle, teme que la retirada de cisternas arruine la temporada alta: «Si no hay agua, el turista se marcha y nosotros cerramos; confío en que ADIF no corte el suministro sin una alternativa segura».

La fuga hídrica ha acelerado además la despoblación: el censo ha pasado de 2.948 vecinos en 2005 a 2.435 en 2023, un 17% menos, y la economía agrícola‐ganadera ha tenido que reconvertirse al secano para sobrevivir. «El daño es estructural y permanente», advierte Romero.

Si el Supremo confirma la sentencia, ADIF podrá dejar de bombear agua y el Ayuntamiento tendrá que activar un plan de emergencia: camiones contratados por la Diputación, restricciones nocturnas y aceleración del proyecto Antequera-Valle, valorado en 2,8 M€ y con un plazo de ejecución de 14 meses. «Sea quien sea el que pague, no dejaremos al Valle sin agua», prometió el presidente provincial, Francisco Salado, durante la última feria de la localidad.

El incidente del 22 de julio ha llamado la atención de Bruselas: la Comisión Europea ha solicitado información técnica porque el tramo Córdoba-Málaga forma parte del corredor transeuropeo Mediterráneo. Si las filtraciones obligasen a nuevas obras de refuerzo, el Gobierno podría perder fondos CEF ya comprometidos y enfrentarse a sanciones por incumplir los estándares de resiliencia hídrica. Esa presión comunitaria añade un actor más a la mesa y refuerza la urgencia de una solución estable para el valle y para la propia infraestructura ferroviaria.

Para Pepe Romero, la batalla judicial es solo el preludio de una reparación moral pendiente: «Queremos lo que teníamos antes, manantiales vivos, o, al menos, una red que nos permita abrir el grifo sin miedo». Hasta entonces, cada cisterna que serpentea la garganta de la sierra recuerda a los vallesteros que el progreso de alta velocidad llegó, pero el agua se fue.