judicial
La «Malaya» que no cesa
Julián Muñoz, Marisol Yagüe e Isabel García Marcos serán juzgados este lunes por un delito contra la ordenación del territorio
F.J.F.
Pese a su vastedad, un macrojuicio como el de «Malaya», del que el pasado 4 de octubre se leyó la sentencia, no parece lo suficientemente amplio como para desagraviar al pueblo de Marbella por la corrupción generalizada que proliferó en la ciudad desde la llegada ... del GIL en 1991.
Los procesos se siguen sucediendo y el más inminente tendrá lugar el próximo lunes, cuando el Juzgado de lo Penal número 7 de Málaga enjuiciará a los ex alcaldes Julián Muñoz y Marisol Yagüe, a la ex primer teniente de alcalde Isabel García Marcos, y a otros diez ex ediles de distintas corporaciones.
La Fiscalía los acusa de un delito contra la ordenación del territorio, al haber presuntamente concedido licencias irregulares para la construcción de diversas viviendas en la localidad. Sin embargo, las defensas ya han llegado a un pacto con el ministerio público, por el que se acordaron penas más leves siempre que los inculpados mostraran su conformidad con los hechos.
En concreto, la Fiscalía pide para Muñoz, Rafael González y Marisa Alcalá un año de prisión y diez de inhabilitación para empleo o cargo electivo; y para Alberto García Muñoz, Tomás Reñones y José Luis Fernández Garrosa solicita nueve meses de cárcel y diez de inhabilitación.
En este último grupo estaría también incluido el ex edil gilista Javier Lendínez, que regresó a España un día antes de que se conociera la sentencia de «Malaya», caso en el que también será enjuiciado. Lendínez se evadió de la justicia en el año 2008 rumbo a Bali, antes de lo cual se mostró a favor del acuerdo. Sin embargo, la Fiscalía podría mostrarse ahora más dura con él al haberse declarado en rebeldía.
Por último, para los ex concejales Isabel García Marcos, Rafael Calleja, José Antonio Jaén, Carmen Revilla y Pedro Pérez, también acusados en la causa que se juzgará este lunes, la pena que se acordó de conformidad con la acusación en otro proceso anterior fue de una multa de 10 euros al día durante 12 meses, lo que supone un total de 3.650 euros, además de 10 años de inhabilitación para empleo o cargo electivo.
Según recogen las conclusiones del ministerio fiscal, los acusados aprobaron por unanimidad en distintas comisiones de gobierno la concesión de la licencia de obras y el permiso para el proyecto de ejecución de la construcción de diez viviendas en la zona de Cristo de los Molinos; y otra licencia de obras para otros tres inmuebles en el mismo enclave.
La «Malaya» que no cesa
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