La Junta de Andalucía se desprende de su ruinosa red de residencias de vacaciones

El motivo es económico. La gestión de estos edificios transferidos por el Estado a Andalucía a principios de la década de los ochenta ha dejado un agujero económico de 123,76 millones de euros en las arcas autonómicas desde el año 2015. Mantener abiertas unas instalaciones públicas tan deficitarias ha costado 140 millones de euros a los andaluces desde dicho ejercicio, a razón de 15 millones de euros en pérdidas anuales, cuando los ingresos obtenidos entre 2015 y 2023 ascienden solo a 16 millones de euros.

El lastre económico que genera a las arcas públicas no tiene punto de comparación con los beneficios que aporta. Sólo 18.388 usuarios utilizaron las residencias en 2022, que representan el 0,22% de la población andaluza, según informaron a ABC fuentes del Ejecutivo andaluz. Que una familia pasara sus vacaciones en estas residencias acarreaba a las arcas autonómicas un gasto de 800 euros. En su lugar, la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad prepara el lanzamiento de un programa de vacaciones para personas sin recursos.

La plantilla de estos complejos de ocio, compuesta por 341 trabajadores (11 funcionarios y 330 personal laboral), no será despedida. La Junta de Andalucía se ha comprometido —y así se lo trasladó este jueves a los dirigentes de UGT y CCOO— a recolocar a todos ellos. Les va a ofrecer distintas opciones de destino con mejores condiciones laborales. En cuanto al personal laboral, 167 trabajan todo el año y 163 son fijos discontinuos. El traspaso incluye la conversión en fijos del personal.

La fórmula para desprenderse de las residencias varía atendiendo a su valor patrimonial. La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, a las que están adscritas, prevé poner en venta los edificios de Pradollano y Aguadulce, mientras que sacará a concurso los de Marbella y La Línea de la Concepción, que se encuentran en zonas turísticas más cotizadas y pueden reportar más ingresos a la Junta mediante una concesión o arrendamiento. En lo que respecta a las sedes de Punta Umbría y Siles, serán devueltas a los ayuntamientos. En el primero el personal es de la Junta, mientras que la del municipio jienense se explota mediante una concesión.

La idea es replicar la rentable operación que se puso en marcha a finales de 2019, tras la llegada del PP y Ciudadanos al Gobierno andaluz, con la residencia de tiempo libre de Cádiz, que estaba en primera línea de la playa de la Victoria. Después de permanecer más de una década clausurada y abandonada, la anterior Consejería de Hacienda adjudicó el complejo a la sociedad Vico Black 98. La empresa perteneciente al grupo inmobiliario sevillano Q Hotels realizó la mejor oferta en la puja abierta por la residencia Tiempo Libre: ofreció 11.811.410 euros para hacerse con el edificio, más de dos millones por encima del precio tasado en un principio por la administración andaluza (9,78 millones).

Tras año y medio de obras, el hotel de cuatro estrellas Cádiz Bahía inaugurado el 2 de diciembre de 2022 ya se ha convertido en un referente de los eventos que acoge la capital. Dispone también de 5.000 metros cuadrados de locales comerciales y plazas de aparcamiento subterráneo.

El origen de las residencias de tiempo libre se remonta a la dictadura franquista, que ideó estos complejos para financiar el ocio y descanso de las familias trabajadoras con precios populares. El Gobierno socialista de Manuel Chaves continuó con esta práctica. En 1999 cedió por decreto la gestión y adjudicación exclusiva de las plazas a los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, que cobraban unos precios públicos a las familias y después ingresaban el 80% de lo recaudado a la Administración. El 20% restante se lo quedaban en concepto de «gastos originados por la gestión» de las plazas de las residencias.

Otras organizaciones, como USO y la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), acudieron a los juzgados para acabar con lo que consideraban un agravio. Alegaron que habían sido discriminados porque afiliados de otros sindicatos y el resto de ciudadanos tenían los mismos derechos a pasar las vacaciones con sus familias en dichas residencias, al margen de su adscripción política o sindical.

Los tribunales les dieron la razón y el 3 de abril de 2006, la Administración retiró la gestión a las federaciones regionales de UGT y CCOO. La primera sentencia de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) fue dictada el 2 de mayo de 2000. Se esperó a que el Supremo la declarara firme para retirar la cesión a ambos sindicatos. Desde entonces es la propia Junta de Andalucía la que asume la explotación.