La Junta de Andalucía compra por 328 millones las 70 sedes alquiladas que el PSOE vendió a un fondo de inversión

El presidente de la Junta ha anunciado este lunes la operación de compra, por la que la Administración se ahorrará unos 36 millones de euros al año en gastos de alquiler. La firma del contrato se hará efectiva en los próximos días días por 328 millones de euros y la adquisición se hará con cargo a los Presupuestos de 2024. Dichos edificios fueron vendidos por Montero por 300 millones de euros. Aquella venta fue supervisada por la entonces consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ahora ministra de Hacienda y Función Pública y vicesecretaria general del PSOE. Moreno la considera muy lesiva.

La Junta ha abonado hasta el momento a dicho fondo de inversión 279 millones de euros, según ha dado a conocer Juanma Moreno y la operación de compra que se formalizará en estos días supondrá un ahorro para las arcas públicas andaluzas de 100 millones de euros, ya que hasta 2034 se habrían tenido que seguir abonando hasta los 430 millones más los gastos de conservación y reparación, algo que según aquel contrato correspondía a a la Junta. Juanma Moreno ha destacado que se ha solucionado así «una herencia envenenada» del PSOE que habría costado a la Junta 708 millones de euros.

El presidente de Gobierno andaluz ha abundado que desde 2014, el IPC ha subido en Andalucía un 21,4%, pero el precio del alquiler de los edificios ha aumentado un 25%. Además, ha explicado que el contrato tenía una claúsula suelo que establecía que, con independencia de cuál fuera el IPC, el precio de la renta se subiría, al menos, un 1,5% y ha recalcado que en la década que ha estado vigente el contrato el IPC ha sido negativo o inferior al 1,5% la mayor parte de los años y cuando ha sido superior, la renta se ha revalorizado con la cifra más alta, es decir, la del IPC.

Al cumplir dicho contrato en 2034, la Junta tendría que haber abandonado dichos edificios, entre los que se encuentran las sedes de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, la de Agricultura, delegaciones territoriales e incluso conservatorios, y en los que trabajan más de 8.600 empleados públicos.

Con los 35,6 millones que se van a ahorrar, Moreno ha destacado que por ejemplo, se puede pagar el salario bruto anual de más de mil docentes o construir diez colegios.

Dicha enajenación estaba concebida para reportar a la Junta unos ingresos inmediatos de 300 millones de euros en un momento en el que éstos escaseaban por la crisis. Aquel dinero, según Juanma Moreno, «se ingresó, se gastó y se hipotecó el patrimonio de los andaluces».

Mediante la enajenación directa y posterior arrendamiento, lo que en el argot inmobiliario se conoce como sale and leaseback, la Junta de Andalucía vendía pero se quedaba como arrendatario con el compromiso de pagar a un montante anual a su nuevo propietario.

En el año 2014, tras una ardua negociación, que contó con el asesoramiento de CBRE (una consultoría con sede en Los Ángeles), la Comunidad se deshizo de un lote de 70 sedes de su propiedad por 300 millones de euros, 25,5 millones menos de su valor de tasación, aunque superior a los ingresos que contabilizó en sus cuentas (292 millones).