El juez llama a declarar a los tres gerentes del Servicio Andaluz de Salud investigados en el caso de los contratos de emergencia

En una providencia del pasado 1 de septiembre adelantada por la Ser y a la que ha tenido acceso ABC, el magistrado José Antonio Gómez Díez acuerda que una semana antes comparezcan en el juzgado a cinco personas para declarar en calidad de testigos. Entre ellos se encuentra Amelia Martínez Sánchez, la que fuera interventora general de la Junta de Andalucía entre los años 2019 y 2022 (en la primera legislatura con Juanma Moreno como presidente de la Junta), puesto que dejó cuando asumió la Viceconsejería de Economía, cargo que ocupa en la actualidad.

El juez cita a otros cuatro testigos el 18 de noviembre próximo. Se trata de la interventora central del SAS en los años 2022 y 2023; la interventora central del SAS en el año 2024, María Victoria López Gutiérrez ; José Antonio Miranda Aranda, exdirector General de Gestión Económica y Servicios del SAS, e Hipólito Luis Carlos Martínez Hervás, director de Asistencia Sanitaria y Resultados en la Consejería de Salud.

En la citada resolución, el instructor ha vuelto a requerir a la Dirección General de Gestión Económica y Servicios del SAS, mediante un oficio, que remita al juzgado el expediente completo que dio lugar a la emisión del informe sobre el proceso de verificación de los gastos con fondos europeos, derivados de los contratos de emergencia, conforme al procedimiento establecido en la Instrucción 1/17 de la Dirección General de Fondos Europeos para la terminación del antiguo Hospital Militar de Sevilla, firmado por el que fuera director general de Gestión Económica y Servicios, José Antonio Miranda Aranda.

Fuentes del Gobierno andaluz del PP consideran una decisión acertada y oportuna la citación de los gerentes del SAS. Recuerdan que estos altos cargos ya pidieron hace meses al juez que los llamara a declarar y ahora al fin van a poder hacerlo para «aclarar que todo se hizo correctamente».

Alegan desde el Ejecutivo de Juanma Moreno que los contratos de emergencia permitieron salvar muchas vidas y realizar muchas operaciones quirúrgicas y pruebas médicas a los andaluces durante los más de tres años que la OMS declaró la emergencia internacional por el Covid.

La causa se abrió a raíz de una querella presentada en septiembre de 2024 por los treinta diputados del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, que ha intentado montar una «causa general» contra la Junta de Andalucía en manos del PP, una estrategia que no ha tenido recorrido por ahora en el juzgado.

Dos magistrados distintos, quien inició estas diligencias previas -Javier Santamaría- y el que lo ha sustituido -José Antonio Gómez Díez- tras haber ganado la plaza como titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla, rechazaron el recurso de reforma que había presentado el PSOE para extender las pesquisas desde los servicios centrales del SAS a los encargos realizados por las plataformas de gasto de las provincias.

Pese al empeño del PSOE por extender la causa abierta por el juzgado sevillano y el número de imputados, de momento están siendo investigados por presunta prevaricación los tres últimos gerentes del SAS.

El Ministerio Público también acotó esta causa. En un escrito dirigido al juzgado a finales del pasado año, los fiscales delegados de Anticorrupción que se han hecho cargo de esta investigación indicaron que ésta se centra en «unos concretos hechos de apariencia delictiva» referidos al empleo de la fórmula de emergencia en contratos del Servicio Andaluz de Salud sobre «procedimientos quirúrgicos y pruebas diagnósticas».

Anticorrupción argumentaba que el caso debe centrarse en determinar «específicamente» si la tramitación de los contratos de empresas y clínicas privadas de manera directa, así como las sucesivas prórrogas y modificaciones del presupuesto realizadas durante 2024 que se plasmaron en resoluciones y contratos singulares firmados por distintos directores gerentes del SAS, «han sido injustamente contrarios a la legalidad».

Al amparo de la crisis sanitaria, la agencia de la Junta recurrió al «procedimiento excepcional de emergencia regulado en el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de diciembre». Aplicando este sistema, el 6 de octubre de 2020 el Consejo de Gobierno andaluz «sustituyó el control previo del gasto público correspondiente a los expedientes de gasto tramitados por el procedimiento de emergencia que hacía la Intervención Central del SAS por el control financiero permanente», relataba la Fiscalía en su escrito.