La gerente del PSOE señalada por la UCO ordenó desde Ferraz una ofensiva judicial contra Juanma Moreno

La dirigente malagueña que lleva las cuentas y el día a día en la sede socialista de Ferraz es señalada en el 'informe Cerdán' de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, por gestionar el cobro de «un impuesto» mencionado en las conversaciones que mantienen los protagonistas en la trama de mordidas vinculadas a obras públicas adjudicadas a empresas como Acciona. Este episodio ha alimentado las sospechas sobre una supuesta financiación ilegal del partido en la causa que instruye el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente. Para disipar las dudas, el presidente del Gobierno ha encargado una auditoría externa.

El pasado 22 de abril, Ana María Fuentes dio poderes a los abogados del bufete sevillano Constitución 23 para que actúen en nombre del PSOE como acusación popular en la investigación abierta por el Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz. La juez Rosa María García trata de averiguar si los contratos sanitarios adjudicados por la central de compras del SAS en esa provincia por importe de 235 millones de euros fueron troceados de manera artificial. El punto de partida de esta investigación fue una denuncia presentada por Podemos.

La gerente del PSOE puso en marcha la ofensiva legal contra el presidente andaluz apenas mes y medio antes de trascender las comprometedoras conversaciones del que fuera 'número tres' de Ferraz y otros miembros de la trama que supuestamente se lucraba mediante el cobro de comisiones y amaños de contratos.

El despacho elegido por Ferraz es el mismo que ya está asesorando a los 30 parlamentarios autonómicos del PSOE en Andalucía en su batida judicial y política contra el Ejecutivo del PP en otra causa abierta por el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla por las adjudicaciones directas de servicios sanitarios tras la pandemia. En este proceso están investigados la actual directora gerente del SAS, Valle García, y sus dos predecesores en el cargo, Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas.

Por medio del documento de apoderamiento judicial, al que ha accedido ABC, la gerente de Ferraz, que llegó a la gerencia del PSOE de la mano de Cerdán, faculta al citado despacho para diversos actos procesales. Según consta en el certificado de inscripción de apoderamiento apud-acta, los letrados contratados podrán «interponer querella, allanamiento, desestimiento, recusación de juez o letrado de la Administración de Justicia, renuncia o conciliaciones».

Mediante este trámite, Ferraz, en lugar del PSOE andaluz, extiende su asedio judicial contra al Ejecutivo andaluz del PP a cuenta de las adjudicaciones sanitarias. Una querella firmada por los 30 diputados andaluces del PSOE, redactada por los socios del bufete sevillano Constitución 23, fue el detonante de la causa que asumió el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla, que indaga en el supuesto abuso de contratos de emergencia por parte de la Junta de Andalucía entre los años 2021 y 2024, cuando ya había decaído la cobertura legal que amparaba este tipo de contrataciones directas con motivo de la pandemia.

En el bufete contratado por Ferraz trabaja desde septiembre de 2023 la hija de que fuera secretario general del PSOE andaluz hasta el pasado mes de enero, Juan Espadas, quien ejerce actualmente como portavoz de los socialistas en el Senado.

En el informe de la UCO, que ha empujado a Sánchez a su peor crisis por la corrupción de dos personas (Ábalos y Cerdán) nombradas por él, la gerente del PSOE es mencionada en un mensaje que Koldo García Izaguirre, el que fuera asesor de José Luis Ábalos en su etapa como ministro de Transportes, envió el 15 de marzo de 2022 al director general de Carreteras del Ministerio de Transportes implicado en el amaño de contratos de obras, Javier Herrero.

Dicho mensaje es para «avisarle de que le habían pedido su teléfono desde la Gerencia del PSOE (asumida por Ana Fuentes a iniciativa de Santos unos meses antes), ya que según creía le iban a pedir el impuesto», especifica la Guardia Civil. «Desde la Gerencia del PSOE se le pidió» a Herrero, que «realizase algún tipo de aportación económica», indica el informe policial.

Hace una década, Ana Fuentes recibió las salpicaduras del otro escándalo, el del reparto sin control de las subvenciones para cursos de Formación para el Empleo por parte de los anteriores gobiernos andaluces del PSOE. En 2006 y 2007, la autoescuela 'Las Palmeras de Ronda SL.', propiedad de su marido, fue beneficiaria de dos ayudas por un importe total de 209.339 euros a través de la Consejería de Empleo dirigida por Antonio Fernández, uno de los condenados en la pieza principal del caso ERE en Andalucía.

Se da la coincidencia de que el abogado que representa al antiguo consejero socialista, Alfonso Martínez del Hoyo, es uno de letrados contratados ahora por Ferraz para su cruzada judicial contra el Gobierno del PP por los contratos sanitarios de la Junta de Andalucía.