Joaquín Gallardo, director del Patrimonio: «Daremos un uso rápido a los bienes de la Junta de Andalucía; antes no se sabían con certeza sus propiedades»

—¿Desde cuándo no se actualizaba la Ley de Patrimonio de la Junta de Andalucía y qué tiene de novedosa?

—Nunca se ha actualizado. La ley es de 1986 y estaba pensada para la Junta de Andalucía de ese año. Es una norma totalmente desfasada, pensada para una administración que tenía un patrimonio muy limitado formado por inmuebles, mesas, sillas y poco más. Ahora la dimensión ha cambiado completamente. Como toda empresa, la Junta tiene muchos ordenadores, móviles, tabletas, televisiones..., material que tiene una obsolescencia mucho más corta que una silla, que en diez años está amortizada desde el punto de vista contable. Necesitábamos, además, hacer una ley que se adaptara a la legislación básica del Estado de 2003. La que tenemos dificulta mucho los procedimientos.

—¿La idea que persigue es aprovechar inmuebles en desuso y desechar todo lo que no sirve?

—La nueva ley va a regular los procedimientos patrimoniales para que sean ágiles y simplificados. Ahora se hacen bastantes subastas de bienes inmuebles. Como mínimo, una al año. En 2018 se hacían cien operaciones patrimoniales. En la legislatura anterior pasamos a tener 190 y ahora son 300 al año, lo que da idea de la actividad. Para lograr esa dinámica necesitamos una ley que ampare y prevea esos mecanismos. Una de las principales novedades de la ley es el portal de publicidad patrimonial. Crearemos un portal al estilo de la web de contratación, donde se van a exponer todas operaciones que desarrolle la Junta y los bienes muebles obsoletos o en desuso que se quieren desechar.

—¿Ya se le está dando un segundo uso a los vehículos antiguos?

—En 2022 se puso en marcha una bolsa de vehículos de segunda oportunidad. Aquellos que tienen más de 15 años o más de 300.000 kilómetros y cuyo coste de reparación es superior a su utilidad, se destinan a los centros de formación profesional o al Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía (Iespa) para hacer prácticas. Hemos entregado ya más de 300 vehículos. Antes, tenían que comprar coches viejos. Ahora les damos utilidad a los que tenemos. Así ahorramos los dos.

—¿La Junta de Andalucía tiene alrededor de 400.000 bienes muebles e inmuebles, según el último inventario?

—El inventario que había tenía muchísimas deficiencias, muchísimas. No llegaba a haber una certeza de lo que pertenecía a la comunidad autónoma.

—¿Se puede decir que la Junta de Andalucía no sabía lo que tenía?

—Lo sabía con muchísimas deficiencias.

—Es una forma elegante de decirlo.

—Sí, lo es. Se hizo un grandísimo trabajo de identificación y puesta en orden de los inmuebles. Pero la parte de los bienes muebles es mucho más dificultosa. Resulta tan complejo que al final costaba más el collar que el perro. Necesitamos primero saber qué tenemos exactamente y después poner unos procedimientos súper ágiles. Con la ley actual, para darle una utilidad ahora a cualquier bien mueble, por pequeño que sea, hay tasarlo. Para eso tienes que hacer un contrato menor o tener a un funcionario que realice ese trabajo. Esto absorbe una cantidad de recursos enorme. Con la nueva ley, se le asigna el valor contable que nosotros ponemos, que es automático.

—¿Qué valor tiene el patrimonio de la Junta aproximadamente?

—Nosotros tenemos valores contables que no son los del mercado. En una auditoría de la Cámara de Cuentas de 2018 se cuantificaron 400.000 bienes entre muebles e inmuebles. Pero es una cifra que hay que tomar con mucha cautela. Por ejemplo, cuando se compra un paquete de 200 sillas, eso aparece como un activo. En 2019 se sacó un contrato para hacer un nuevo inventario, ya informatizado, que se encuentra en fase de ejecución.

—¿Cuántas sedes administrativas hay?

—La Junta tiene 284 sedes. Tenemos un plan para aprovechar los bienes en desuso. Éstos los vamos a catalogar en dos categorías. Los aptos como sedes vamos a repararlos y ponerlos en uso y de este modo ahorramos al quitar edificios arrendados. Los que no son aptos, vamos a venderlos para tener unos ingresos que nos permitan financiar los servicios públicos.

—¿La ley determinará también el papel de los consejeros en las empresas públicas?

—La ley regulará por primera vez la figura de los representantes de la Junta en los órganos de gobierno y administración de las empresas participadas, exigiendo que recaiga sobre profesionales cualificados en las materias relacionadas con el objeto de la sociedad o con la gestión empresarial o económico-financiera. Se valorarán las capacidades, actitudes, conocimientos, experiencias profesionales y, en especial, las competencias directivas, y procurará una presencia equilibrada de hombres y mujeres. Regulará también los derechos y obligaciones de estos representantes imponiendo su actuación bajo criterios de interés general, integridad, objetividad, transparencia y responsabilidad, eficiencia económica y de gestión y buen gobierno. Y se prevé desarrollar reglamentariamente el estatuto de los administradores designados en representación de la Administración de la Junta de Andalucía y sus agencias.