Los ayuntamientos podrán reutilizar edificios abandonados del patrimonio andaluz
La nueva Ley busca eficiencia y economía circular en bienes públicos. Se calcula que la Junta tiene 400.000 en la comunidad, la mayoría solares
La Junta de Andalucía pisa el 'acelerador' de leyes en la recta final de la legislatura
Sevilla
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Iniciar sesiónNueva Ley del Gobierno andaluz. En la línea de las últimas semanas de pisar el acelerador legislativo, este miércoles se ha presentado una nueva norma, la Ley de Patrimonio de Andalucía que actualiza el marco legislativo tras casi 40 años e incluye mecanismos efectivos ... para conservar y sacar provecho a los bienes y que permitirá a los ayuntamientos usar edificios abandonados.
Es una norma que pretende que los numerosos bienes inmuebles que están abandonados puedan ser reutilizados. Así, por ejemplo, se introduce la figura de los proyectos públicos de aprovechamiento y explotación, por la cual las administraciones públicas territoriales de Andalucía podrán instar a la Junta de Andalucía a la mejora del aprovechamiento y explotación de los bienes patrimoniales radicados en su territorio. Y permitirá que un ayuntamiento andaluz solicite al Gobierno autonómico que se ponga en uso un inmueble abandonado.
La ley pondrá a disposición de la ciudadanía una plataforma digital de Publicidad Patrimonial, integrada dentro de su portal web y que recoge un inventario completo de los inmuebles propiedad de la Junta de Andalucía y de sus organismos dependientes. Este portal ofrecerá también información actualizada sobre subastas, aprovechamientos y demás usos que puedan darse a dichos bienes patrimoniales radicados en su territorio.
El patrimonio que posee la Junta de Andalucía es muy extenso. Según la consejera de Economía, Carolina España, se calcula que hay unos 400.000 bienes que ahora pretenden poner en valor con esta nueva norma. Se trata de bienes muebles e inmuebles, de los que el 95% son solares y edificios.
El texto legal, que ha sido elogiado por el Consejo Consultivo como ejemplo de buenas prácticas legislativas según la Junta, busca garantizar la transparencia y simplificar la gestión administrativa, así como asegurar un modelo sostenible en el uso de los bienes públicos. Para ello, establece una nueva definición más amplia del patrimonio de la comunidad autónoma, en la que se incluyen el conjunto de bienes y derechos de titularidad de la administración de la Junta de Andalucía y de sus agencias.
Además, contempla mecanismos que garantizan la conservación y puesta en valor del patrimonio de Andalucía. Al mismo tiempo, se potencia la eficacia y eficiencia en la gestión especialmente en el ámbito de los edificios administrativos de la Junta de Andalucía, eliminando gasto superfluo e innecesario, y en el del parque móvil de la comunidad, además de establecer un régimen jurídico específico para prolongar la vida útil de bienes muebles obsoletos, priorizando su reutilización y reciclaje.
En este caso se trata de reutilizar algunos bienes. Como es el caso de vehículos de la Junta de Andalucía que se han enviado a centros de Formación Profesional para que los alumnos los utilicen en sus prácticas.
Norma antigua
Hay que tener en cuenta que la actual Ley del Patrimonio de Andalucía es del año 1986, fecha desde la que se han aprobado diversas normas que han afectado, directa o indirectamente, al régimen patrimonial de la comunidad autónoma. Es el caso de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, que establece las bases del régimen patrimonial de las administraciones públicas, su reglamento de desarrollo.
La falta de organización provocaba la existencia de decenas de solares, edificios y todo tipo de inmuebles abandonados y sin control alguno, que estaban sin uso y cuyo mantenimiento tenía un coste de seis millones para las arcas públicas.
De hecho, según la Junta, el esfuerzo desarrollado en los últimos años por la Junta de Andalucía ha permitido ingresar 137 millones de euros mediante la enajenación de inmuebles no útiles, recursos que se han destinado a servicios esenciales como la sanidad, la dependencia y la educación.
Asimismo, se han recuperado 70 inmuebles procedentes de la denominada Operación Holmes), que ha generado un ahorro de más de 35 millones de euros anuales en alquileres a los andaluces.
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