Inmaculada Montalbán, la juez premiada por el PSOE que borró los ERE y legalizó la amnistía

Méritos no le han faltado a la actual vicepresidenta del Tribunal Constitucional (TC) para agradecerle los servicios prestados. La última distinción del Gobierno la recogió apenas seis meses antes de la admisión de los recursos de amparo de los expresidentes andaluces José Antonio Griñán y Manuel Chaves, condenados en firme por la Audiencia de Sevilla y el Tribunal Supremo por el fraude de los ERE. No dudó en sumar su voto al de los magistrados propuestos como ella por el PSOE, que controlan el TC, en lugar de abstenerse. Como presidenta de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía había participado antes en 22 sentencias relacionadas con estas ayudas irregulares. El PP la recusó sin éxito por ello.

Frente a los 18 jueces de distintas instancias que consideraron delictiva la conducta de la antigua cúpula del PSOE en la Junta de Andalucía, la 'número dos' de Cándido Conde-Pumpido redujo el fraude a su mínima expresión. De su mano salieron las sentencias que legalizaron el procedimiento empleado para nutrir de dinero público al sistema de subvenciones repartidas sin publicidad, concurso ni control.

El resultado fue la anulación de la condena a seis años de prisión por malversación impuesta a Griñán y de la inhabilitación de su predecesor, así como la salida de cárcel de otros miembros de sus gobiernos. Aunque su ponencia no negaba que hubiera corrupción, obró el milagro de rehabilitar políticamente a dos figuras simbólicas del socialismo. Uno de ellos, además, le había entregado el máximo galardón al que aspira cualquier andaluz, la Medalla de la Junta, que se la impuso Fuensanta Coves, hoy presidenta en el PSOE regional que dirige la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Con la misma resolución con que enterró las 3.026 páginas que componen las dos sentencias del caso ERE, la juez encontró después un ancho traje constitucional para legalizar, como magistrada ponente, la ley de amnistía que Pedro Sánchez pactó con el prófugo Carles Puigdemont a cambio de que Junts apoyara su investidura como presidente del Gobierno. Anteriormente, había redactado la sentencia del TC que avaló la ley de plazos del aborto promovida en 2010 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE).

Conde-Pumpido le encomendó los casos de mayor trascendencia política, minas que había sembrando el Gobierno y que Montalbán ha ido desactivando con la osadía de un geo.

Casada y con tres hijos, la juez del TC creció en Granada devorando los tebeos que caían en sus manos. Las historietas de Rompetechos y Zipi Zape, los gemelos gamberros de Escobar, eran sus preferidas. Su padre, un antiguo transportista, regentaba la Venta Los Rosales en Granada y su madre se encargaba de los fogones del hotel, cuando decidió estudiar Derecho en la Transición. En la facultad conoció el anteproyecto de la Constitución Española cuando ni por asomo podía imaginarse que ella iba a formar parte algún día del órgano supremo encargado de velar por su cumplimiento.

Tras aprobar a la primera la oposición a juez, con solo 25 años se hizo cargo de un juzgado de distrito en Torrevieja (Alicante) donde juzgaba riñas entre vecinos y delitos de tráfico en un sótano. Fue en Almería, su segundo destino, donde se despertó su conciencia contra los crímenes machistas al conocer a mujeres maltratadas que se prestaban a pagar la multa impuesta a su marido con tal de no perder la casa por un embargo. La juez no dudó en echarse a la carretera para dar charlas a las mujeres de los pueblos y animarlas a denunciar a sus maridos violentos.

Afiliada a la asociación progresista de Jueces para la Democracia desde 1991, coincidió con la actual ministra de Defensa, Margarita Robles, siendo ambas vocales del ala izquierdista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y presidió el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género entre 2008 y 2013.

En esa época tuvo un sonado choque con el juez de Familia en Sevilla Francisco Serrano. El que luego se convertiría en el líder de Vox en Andalucía –hasta que se vio envuelto en un supuesto fraude de subvenciones–, la denunció por injurias y calumnias. La juez reprobó su falta de rigor al atacar la ley integral contra la violencia de género aprobada en 2004, de la que fue una de sus más firmes defensoras. Serrano había dicho que podía alentar las denuncias falsas. La querella terminó archivada.

Aunque alguien malpensado pudiera sospechar otra cosa, Montalbán defiende a capa y espada la independencia de los jueces nombrados a propuesta de los partidos, como es su caso. Cuestión distinta es la ideología. La magistrada nunca ha disimulado que la suya está más cerca del PSOE que del PP. «Desconfío de las neutralidades», aseguró en noviembre de 2008 a El País. De momento, ha aliviado al PSOE de dos de sus obstáculos más insalvables: el oprobio de la condena por la corrupción de los ERE y el casi imposible encaje constitucional de la ley que borra el golpe separatista. Y eso que solo lleva dos años y medio escribiendo sentencias en el Tribunal Constitucional.