La inflación asfixia a los constructores de Andalucía y deja desiertas más de cien obras públicas

Entre enero de 2021 y junio de 2022, 101 licitaciones se quedaron desiertas y en otras 11 desistieron las empresas que concurrían en procesos realizados en todas las provincias de Andalucía. El importe total de las obras sin adjudicar alcanza los 93,77 millones de euros, según el informe que presentó ayer la patronal andaluza de construcción Fadeco Contratistas. Son infraestructuras, instalaciones hidráulicas y de energías renovables, viviendas protegidas, reformas en astilleros, equipamientos sanitarios y pavimentaciones de calles que se han quedado sin hacer porque las cuentas no salen.

En este contexto marcado por la incertidumbre, el sector se muestra «indignado y preocupado» ante las objeciones que el Gobierno central ha puesto al decreto de la Junta de Andalucía que revisa los precios de los insumos recogidos en los contratos con certificación en 2021 y principios de 2022, como adelantó ABC.

De las obras desiertas, 41,17 millones corresponden a licitaciones realizadas en dicho periodo por las corporaciones locales, fundamentalmente ayuntamientos y diputaciones de todos los colores políticos; 30,56 millones provienen de obras regionales y 15,89 millones, del Estado.

En punto muerto se han quedado proyectos estratégicos en todas las provincias con un presupuesto millonario, siendo Málaga y Cádiz las más afectadas. En Almería, no se ha adjudicado la construcción del nuevo ambulatorio del hospital de Torrecárdenas, que salió a concurso por 11,53 millones de euros. En Cádiz se han quedado colgadas una obra de la sociedad estatal Navantia en San Fernando por 7,69 millones de euros y la construcción de una incubadora de empresas promovida por la Zona Franca y valorada en 2 millones, entre otras actuaciones. En la provincia de Córdoba se ha quedado desierta la restauración del Palacio Ducal de Fernán-Núñez, un proyecto estimado en 1,35 millones, al igual que una piscina cubierta que quiere hacer el Ayuntamiento de Motril, en Granada. El Consistorio de Lepe, en la provincia de Huelva, tampoco ha podido encargar las obras de un nuevo cementerio municipal y la rehabilitación de su biblioteca. Tampoco se podrán modernizar regadíos en Pozo Alcón, en Jaén, como pretendía la sociedad estatal Tragsa.

En Málaga, ya se han visto afectados fondos europeos por el alza de los precios. En concreto, el Ayuntamiento de Fuengirola no tuvo ninguna oferta para hacer un bulevar en el Parque de la Loma, financiado con 1,94 millones del fondo europeo de desarrollo regional (Feder). Por último, en Sevilla, las constructoras desistieron de reformar el Mercado del Arenal en la capital hispalense a cambio de 527.928 euros.

La espiral inflacionista compromete la ejecución de los fondos que manda Europa para recuperar la economía tras la pandemia del Covid, según advirtió el secretario general de la patronal Fadeco, Jorge Fernández Portillo.

La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, que dirige Marifrán Carazo, habilitó un mecanismo para impedir que la inflación paralizara infraestructuras clave en la comunidad autónoma, atendiendo a la demanda de las constructoras. Su reivindicación se plasmó en un decreto de medidas extraordinarias y urgentes en materia de revisión excepcional de precios en los contratos públicos, aprobado por el Consejo de Gobierno el 12 de abril pasado.

Según trascendió después, a través de un informe preceptivo y no vinculante, el Gabinete Jurídico de la Junta puso reparos por un posible conflicto de competencias con un decreto del Estado, que limita la revisión de los costes a cuatro materiales (betún, hierro, aluminio y cobre). El Gobierno central ha hecho llegar a la Junta sus discrepancias sobre tres artículos del decreto andaluz, que amplía el catálogo de materiales afectados por la volatilidad de los precios en un escenario marcado por la crisis de suministros y la guerra en Ucrania. Para evitar que estas diferencias desemboquen en un recurso de inconstitucionalidad ambas administraciones han creado de un mesa de negociación que se reunirá tras el verano.

«Con su actitud, el Gobierno paraliza obras y nos está llevando a la ruina», se queja el gerente de la asociación Gaesco

Pero los constructores no pueden esperar tanto. Han pedido «sensibilidad» al Gobierno para resolver un conflicto que, aseguran, puede suponer una estocada mortal para un sector que representa el 9% del PIB regional y da empleo a 78.277 personas en la comunidad autónoma. «No se puede tener a un sector empresarial que invierte en infraestructuras y empleo en esta situación de inseguridad jurídica», clamó el gerente de la asociación sevillana de constructores y promotores de obras (Gaesco), Juan Aguilera. En una rueda de prensa, los constructores escenificaron su enfado con el Ejecutivo de Pedro Sánchez y le recriminaron que con las «pegas» que ha puesto al decreto andaluz está provocando «la paralización de obras, la falta de empresas que acuden a las licitaciones y está lastrando el desarrollo de Andalucía llevando a la ruina» a numerosas constructoras y industrias auxiliares. Éstas «no pueden continuar con las obras porque los niveles de inflación crecen a un ritmo gigantesco». La situación es susceptible de empeorar «si no se resuelve de forma rápida», avisó este representante del sector, que reclamó que «desde mañana mismo se pongan a trabajar» para buscar un acuerdo.

El conflicto entre ambas administraciones ya está teniendo impacto tanto en los concursos, que se quedan desiertos, como en las obras que se están ejecutando en este momento. «Hay una inseguridad jurídica porque el decreto andaluz está en el aire y las empresas tienen dudas de que se acepten las facturas o certificaciones» por parte de las administraciones que la tienen contratadas, alertó el presidente de Fadeco, Rafael Sánchez Alcalá. El decreto autonómico –que sigue vigente– posibilitaba que las entidades locales y universidades se adhirieran al mismo para evitar así las penalizaciones derivadas de los retrasos en el suministro de materiales. El propio Ayuntamiento de Sevilla y la Diputación de esta provincia, gobernados por el PSOE, se sumaron al mecanismo de revisión de los contratos que estableció la Junta, según precisaron desde Fadeco.