¿Qué indemnización del Estado podrán cobrar los presos excarcelados por el fraude de los ERE?
La cuantía varía en función del tiempo de privación de libertad y de las circunstancias personales y familiares
Otros dos magistrados del Constitucional acusan a la mayoría progresista de haber «reconstruido» los recursos de los ERE para amparar el fraude
Los ex altos cargos de la Junta de Andalucía excarcelados por el caso ERE podrán pedir una indemnización al Estado después de que el Tribunal Constitucional (TC) los haya exonerado parcialmente del delito de malversación que los llevó a la prisión. Cuando el órgano ... de garantías del TC, controlado por magistrados elegidos a propuesta del PSOE, haya determinado que el Supremo vulneró su presunción de inocencia, los condenados tienen derecho a reclamar una compensación económica por cada día de reclusión.
Son los casos de los del ex director general de la agencia IDEA, Miguel Ángel Serrano, o el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo, liberados tras las sentencias del TC, que tienen derecho a dicho resarcimiento siempre y cuando cursen una petición.
La indemnización media ha ido variando en las diferentes resoluciones del Ministerio de Justicia y de los tribunales. Actualmente, ronda los 25 euros por cada día que se ha estado privado de libertad de manera indebida. Sin embargo, la cuantía puede incrementarse dependiendo del tiempo que se ha estado de la prisión, si el acusado tiene hijos, si son menores o si se acreditaron daños psicológicos.
Los presos liberados del caso ERE pueden ser indemnizados por cada día de cárcel
Hasta el año 2019, los tribunales solo reconocían indemnizaciones cuando se acreditaba que el hecho imputado nunca había existido
Atendiendo a esta cuantía, Serrano y Vallejo, que han permanecido un año y siete meses en la prisión de Sevilla I cumpliendo su condena por el fraude de los ERE, podrían optar a una indemnización de casi 14.000 euros por los 579 días que han estado durmiendo en una celda. En el caso de la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, que accedió al tercer grado penitenciario a principios de junio tras año y medio privada de libertad, tendría derecho a una compensación de unos 13.000 euros.
Reparto de 680 millones de euros
Todos ellos fueron condenados por la Audiencia Provincial de Sevilla y el Supremo por participar en el sistema irregular de ayudas de la Junta de Andalucía. Según la sentencia ratificada por el Supremo, el Gobierno autonómico, en la etapa del PSOE, repartió, «al margen de todo control», 680 millones de euros de fondos públicos entre empresas en crisis.
La cuantía de la indemnización por una prisión indebida está «en función del tiempo de privación de libertad y de las consecuencias personales y familiares que se hayan producido», según determinó el Supremo.
El derecho a reclamar la indemnización prescribe al cabo de un año a partir del día en que pudo ejercitarse. Para solicitarla, el interno tiene un plazo de doce meses desde la fecha en que la sentencia absolutoria es firme. La petición ha de cursarse a través del Ministerio de Justicia. Contra la resolución que se dicte por parte de este cabe interponer recurso de reposición, o directamente recurso contencioso-administrativo ante los tribunales.
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