«Robo del agua» en Doñana: Agricultores se exculpan en el juicio y achacan la causa a «errores administrativos»

En la primera sesión de la vista, que el Juzgado de lo Penal 1 de Huelva va a desarrollar durante nueve jornadas – en una sala de vistas de la Audiencia Provincial por el elevado número de acusados y las restricciones por el Covid-, la mayoría de los acusados (once) acogieron a su derecho a no declarar y solo dos prestaron testimonio.

El secretario de la Asociación Matalagrana y responsable de una de las empresas implicadas, J.M.R., afirmó en su declaración que en todo momento pensaron que actuaban dentro del marco legal y explicó que los agricultores de la zona de Matalagrana conveniaban con el Ayuntamiento de Almonte , que tenía un acuerdo con el Instituto Andaluz de la Reforma Agraria ( IARA ), por el que pagaban un canon por el uso y explotación, que «los sondeos y la extracción del agua».

«No pedimos documento que acreditara la autorización de extracción de agua porque confiábamos plenamente en la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento y porque las aguas tenían su legalidad por dos leyes distintas», dijo ante el tribunal. En contraposición, la Fiscalía , representada en la causa por el fiscal jefe de Huelva, Alfredo Flores , mantiene que tanto los agricultores como los representantes del Ayuntamiento almonteño fueron «conocedores de la inexistencia de la autorización» en todo momento.

En la causa, están también acusados los ex alcaldes del municipio, Francisco Bella (PSOE) y José Antonio Domínguez (PP ), cuyas declaraciones están previstas para hoy y que se enfrentan a dos años y diez meses de cárcel cada uno, según la petición inicial de la acusación pública, por mirar hacia otro lado, como presuntos autores de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente .

La prescripción de los delitos tanto de distracción de aguas públicas como contra los recursos naturales y el medio ambiente, planteadas por las defensas al considerar que la Fiscalía presentó la querella fuera de tiempo, se resolverán en la sentencia, indicó el juez, Francisco Ramírez Herves .

El acusado agregó en su declaración que «nunca constataron si los sondeos tenían concesión o estaban autorizados, ya que sabían que era una finca pública cuyas tierras se ponían a su disposición para el cultivo y que esos pozos estaban registrados en Minas y eran legales como aguas subterráneas».

«En ningún momento se nos dijo que teníamos que dejar de regar », afirmó el empresario, para reiterar que la situación es resultado de «graves errores de procedimiento y de una dilatación en el tiempo impropia de administraciones públicas». En este sentido, indicó que solicitaron la inscripción de aguas subterráneas privadas en 1998 y ha sido en 2020 cuando «se ha concedido autorización especial para extracción de aguas públicas" a la Junta que es la propietaria de la finca.