Macrojuicio por «el robo del agua» en Doñana: dos ex alcaldes de Almonte se enfrentan a la cárcel

Dos ex alcaldes de Almonte , Francisco Bella ( PSOE ) y José Antonio Domínguez ( PP ), así como trece titulares de explotaciones (y administradores de siete empresas agrícolas) se sientan en el banquillo el próximo marzo por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente , enfrentando penas de prisión.

La vista oral llega diez años después de que se iniciaran las investigaciones en las explotaciones situadas en el Paraje Matalagrana , incluido en el ámbito de influencia del Plan de Ordenación del Territorio de Doñana ( Potad ), a las puertas del espacio protegido, una zona en la que desde 2004 estaba prohibida la extracción de aguas subterráneas por «la delicada situación» del acuífero 27 , del que se alimenta Doñana.

A los ex alcaldes , la acusación pública los considera cooperadores necesarios por cruzarse de brazos y permitir las extracciones ilegales y pide para ellos dos años y diez meses de cárcel (cada uno). En el juicio, que se celebrará en el Penal 1 de Huelva a partir del próximo 16 de marzo (están previstas inicialmente sesiones durante dos semanas ), los empresarios agrícolas tendrán que responder como presuntos autores del delito, con una petición de pena superior de tres años y diez meses de prisión .

Tanto los titulares de las explotaciones agrícolas como los representantes de los Ayuntamiento, de forma especial los ex regidores, fueron en todo momento « conocedores de la inexistencia de la autorización » para la extracción de agua ya que el extinto Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA) había desistido expresamente de la inscripción de los sondeos-captaciones en el Registro de Aguas Privadas cuando entró en vigor la Ley de Aguas, según mantiene la Fiscalía, y , de otro lado, porque los acusados fueron expedientados por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) por captar aguas subterráneas sin autorización.

La mayoría de las fincas de Matalagrana son de titularidad pública de la Junta de Andalucía , explotadas por personas jurídicas o físicas en el marco de distintos convenios que han sido firmados con el Ayuntamiento de Almonte y el IARA.

El Ministerio Fiscal sostiene que en las explotaciones implicadas en la causa se ha producido « una detracción ilegal y sistemática » de agua del referido acuífero entre 2009 y 2012, lo que provocó una alteración del balance hídrico del acuífero y supuso «un riesgo de daño grave sobre el espacio protegido de Doñana así como sobre las especies que alberga, sus hábitats y sobre el significado y valor ecológico del lugar a nivel mundial”.

Los ex alcaldes prometieron a los agricultores acusados que « darían una solución política » a la situación cuando estos empresarios comenzaron a recibir (desde 2007) notificaciones de expedientes sancionadores de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CGH), con lo que « permitieron con dicha actitud y posicionamiento que continuase la actividad de extracción ilegal del agua y el daño para el acuífero ».

El beneficio obtenido por las extracciones ilegales se entre los 358.000 euros y los 649.000 euros en total.

Los ex alcaldes tendrán que responder a una multa de 12.000 euros, mientras que la de los empresarios se señala en 5.400 euros, además de un pago por las empresas implicadas de 24.000 euros. En cuanto a la responsabilidad penal, se fijará en la vista en base al informe pericial de la CHG.

En plena investigación por esta causa, el Servicio de Protección de la Naturaleza ( Seprona ) de la Guardia Civil sacó a la luz 562 pozos y 146 balsas de riego en el entorno de Doñana en las zonas de Arroyo de la Cañada, Matalagrana y Las Madres-El Fresno.