Nuevo juicio contra empresarios agrícolas por presunta captación ilegal del acuífero de Doñana

La finca La Borrachuela, de 150 hectáreas es propiedad de una sociedad pero la explotación la llevan a cabo otras tres empresas y está situada en la Zona II del Plan de ordenación del Territorio de Doñana, lo que implica la existencia de limitación a la extracción de recursos hídricos subterráneos. Según mantiene el fiscal, las extracciones se han estado produciendo sin que conste autorización por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ni a favor del titular de las tierras ni de las sociedades que explotan la finca.

Se ha producido una detracción ilegal y sistemática de agua del acuífero, lo que implica a juicio de la acusación pública una alteración del balance hídrico del acuífero generando un daño grave sobre el espacio protegido de Doñana así como sobre las especies que alberga y sobre el significado ecológico del lugar.

El fiscal califica de la captación por parte de los acusados se ha llevado a cabo «forma abusiva y sin control alguno».

De las tres empresas que explotan la finca, una de ellas se encarga de unas 50 hectáreas de extensión, utilizando una parte para frutos rojos, en las que se encuentran cuatro pozos, estando solo dos en activo, los cuales tienen motobomba sumergida y, según la empresa, estaban en trámites de legalización aunque se construyeron hace 20 años . A su vez, la zona dispone de una balsa en funcionamiento que recibe el agua de los pozos activos.

En el segundo de los casos, en la superficie cultivada se hallan cuatro pozos en activo, con motobomba sumergida, y al igual que la anterior, dispone igualmente de una balsa en funcionamiento que recibe el agua de los pozos activos y que estaba en trámites de legalización, según se refirió por el encargado de aquella, si bien la construcción también data de hace 20 años.

En este caso, uno de los pozos sí cuenta con autorización de extracción de agua con destino a uso doméstico con un volumen de 18.250 metros cúbicos por año por el organismo de cuenca, si bien carece de contador de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

Respecto a la tercera explotación de 40 hectáreas, contiene tres pozos en activo y una balsa en funcionamiento que recibe el agua de los pozos activos, estando, según se refiere por un trabajador de la finca, en trámites de legalización.

Según los volúmenes propuestos por la Fiscalía, las empresas tuvieron unos beneficios por esta extracción de 18.427 euros, la primera; de 14.831 euros, la segunda; y de 15.494 euros, la tercera.