El líder del PSOE de Huelva y la hermana de Mario Jiménez, bajo sospecha por una polémica adjudicación

Al recurso presentado por Clece S.A., que denunció un posible trato de favor a las contratistas, se suma ahora el de otra sociedad ofertante, que considera nula la adjudicación debido a «la relación análoga al matrimonio» que mantiene el presidente de la Diputación con la gerente de una de las adjudicatarias, Deconsa S.A. Se trata de María Teresa Jiménez Díaz, hermana a su vez del portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez.

Los contratos de los nueve lotes en que se fragmentó el servicio están valorados en 42,32 millones de euros , y se repartieron entre Deconsa, vinculada a la Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva, y Edia, que pertenece a la Mancomunidad de Municipios de Beturia, en la citada provincia.

En el escrito que ha presentado ante el Tribunal Administrativo de Recursos en Materia de Contratación, al que ha tenido acceso ABC, la empresa recurrente argumenta que Caraballo, que es el secretario general del PSOE de Huelva , incumplió la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público porque debió abstenerse de votar el acuerdo plenario que concedía el servicio a Deconsa.

En un fundamentado recurso, la empresa candidata al servicio de ayuda a domicilio esgrime que la adjudicación está «viciada de nulidad de pleno derecho». «La mercantil Desarrollo del Condado S.A. (Deconsa) está claramente incursa en la prohibición de contratar del artículo 60.1 g) del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, pues está dirigida desde 1998 por doña María Teresa Jiménez Díaz, que mantiene una relación análoga al matrimonio con el actual presidente de la Diputación», advierte.

Ignacio Caraballo forma parte del órgano de contratación y, por tanto, tiene «acceso inmediato y privilegiado a los expedientes», «puede decidir y ostenta la iniciativa de comenzar el procedimiento de contratación, de proponer la redacción de pliegos de condiciones y requisitos a solicitar a los mismos, plazos para presentar ofertas...», argumenta la empresa.

En el recurso expone que las empresas contratadas deben reunir no sólo condiciones de índole económica y técnica, sino también «moral». En definitiva, « se tendrá que garantizar la imparcialidad en la actuación administrativa , de manera que no exista aprovechamiento del cargo para obtener un contrato en detrimento de los principios de concurrencia e igualdad de trato». La recurrente pide anular todo el procedimiento de contratación.

El dirigente del PSOE onubense tiene otro frente abierto. La semana pasada fue citado a declarar como investigado por un juzgado en el caso del supuesto soborno a concejales de Podemos para desactivar una moción de censura en el Ayuntamiento de Aljaraque (Huelva).